Tres de los integrantes vinculados al intento de robo a una sucursal del Banco Macro de San Isidro, ocurrido en agosto de 2024, fueron condenados mediante un juicio abreviado por el Tribunal Oral en lo Criminal N° 3. La resolución estuvo a cargo del juez Maximiliano Savarino, uno de los magistrados que integró el juicio por la muerte de Diego Maradona, proceso que posteriormente fue declarado nulo tras el escándalo que involucró a Julieta Makintach.
Los condenados son Alejandro Israel Rosendo López, Carlos Andrés Cazenave Peña y Nicolás Ignacio Carpani Romero. Estos dos últimos son ciudadanos uruguayos y habían sido extraditados a pedido de la Justicia argentina para responder por la causa.
Rosendo López recibió una pena de dos años y cinco meses de prisión de cumplimiento efectivo como coautor del delito de tentativa de robo agravado por haberse cometido en lugar poblado y en banda. Los hechos atribuidos ocurrieron entre el 1 de noviembre de 2023 y el 6 de agosto de 2024.
Además, el tribunal dispuso que continúe bajo prisión domiciliaria como medida alternativa a la prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme. Una vez que eso ocurra, deberá ser alojado en una unidad del Servicio Penitenciario Bonaerense.
Por su parte, Peña y Romero fueron condenados a tres años y cuatro meses de prisión al ser considerados coautores de tentativa de robo agravado por su comisión en lugar poblado y en banda, en concurso real con el delito de falsificación de documento público destinado a acreditar la identidad de las personas.
La investigación encabezada por la fiscal Carolina Asprella determinó que entre el 1 de noviembre de 2023 y el 8 de agosto de 2024 operó una organización criminal integrada por Alan Daniel Lorenzo Rodríguez, Rosendo López, César Leonardo Cazenave Peña, Romero, Peña y al menos otras siete personas, algunas de ellas prófugas y otras aún sin identificar.
Según la acusación, el grupo llevó adelante un plan destinado a vulnerar los sistemas de seguridad de la sucursal del Banco Macro ubicada en Chacabuco 444, en la localidad bonaerense de San Isidro.
Para concretar el golpe, los delincuentes excavaron un túnel que avanzaba en dirección al sector de cajas de seguridad de la entidad bancaria. El objetivo era apoderarse de dinero en efectivo, tanto en moneda nacional como extranjera, además de joyas, alhajas, obras de arte y otros objetos de gran valor.
La pesquisa reveló que, como parte de la distribución de tareas dentro de la banda, los involucrados alquilaron una propiedad situada a pocos metros del banco, en Chacabuco 543. Para concretar la operación inmobiliaria utilizaron documentación falsa con el propósito de evitar ser identificados.
Durante meses de trabajo lograron construir un túnel de aproximadamente 200 metros de extensión. La estructura fue acondicionada con encofrados, alfombras y un sistema de iluminación, lo que provocó daños tanto en el inmueble alquilado como en el subsuelo del espacio público perteneciente al Municipio de San Isidro.
Sin embargo, el plan quedó al descubierto antes de que pudiera concretarse. El 6 de agosto de 2024 por la mañana, el conductor de una camioneta llamó al 911 tras escuchar golpes en el chasis de su vehículo y advertir la presencia de una varilla metálica que sobresalía desde el suelo.
Esa denuncia permitió descubrir que debajo de la vía pública existía un túnel de grandes dimensiones. A partir de ese momento se desarrolló una excavación que se extendió durante dos jornadas y contó con la participación de buzos de la División Especial de Siniestralidad del Ministerio de Seguridad bonaerense, quienes confirmaron la existencia del paso subterráneo orientado hacia la entidad financiera.
Tras varios meses de investigación se produjo la primera detención. Rosendo López fue capturado en Entre Ríos y los investigadores lo señalaron como la persona encargada de trasladar a integrantes de la banda entre Argentina y Uruguay.
Posteriormente fue arrestado Alan Daniel Lorenzo Rodríguez, quien mantenía vínculos con la barra brava de Nacional de Montevideo. Su identificación fue posible luego del análisis de una huella dactilar encontrada en una botella de gaseosa dentro del galpón que funcionaba como base operativa de la organización.
Tiempo después también fueron detenidos Carpani Romero y los hermanos César y Carlos Cazenave Peña. No obstante, la causa continúa abierta debido a que todavía existen sospechosos que permanecen prófugos o cuya identidad aún no pudo ser determinada.
En tanto, Alan Daniel Lorenzo Rodríguez y César Leonardo Cazenave Peña optaron por afrontar un juicio ordinario. Hasta el momento, la Justicia no fijó la fecha en la que se desarrollará ese debate oral.
