El Tribunal Oral Federal de Paraná condenó al productor agropecuario y ex presidente de la Sociedad Rural de Diamante, Leonardo Roberto Airaldi, a 12 años de prisión por organizar y financiar maniobras vinculadas al narcotráfico en Entre Ríos.
La sentencia, conocida este jueves, estableció que Airaldi fue autor del delito de organización y financiamiento de actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes, desarrolladas durante casi cinco años en las ciudades de Paraná y Diamante. Además, se lo responsabilizó por el acopio de casi 30 kilos de cocaína que fueron encontrados en una vivienda de Puerto Gaboto, en la provincia de Santa Fe.
Como parte de la condena, el tribunal también le impuso una multa de $118.404.000.
El veredicto fue comunicado por la presidenta del Tribunal Oral Federal de Paraná, Noemí Marta Berros, quien integró el tribunal junto con las juezas Mariela Rojas y el juez José María Escobar Cello.
Airaldi siguió la lectura de la sentencia de manera remota desde el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, donde permanece detenido desde febrero. Allí está alojado bajo el régimen del Sistema Integral para Personas Privadas de la Libertad de Alto Riesgo (SIGPPLAR).
Su permanencia en ese establecimiento penitenciario se encuentra relacionada con otra causa en la que se investiga su presunta participación en la planificación de atentados contra el juez federal de Paraná, Leandro Ríos; el fiscal general Candioti; y el ministro de Seguridad de Entre Ríos y ex jefe de la Policía Federal Argentina, Néstor Roncaglia.
Desde el penal de Ezeiza, el productor agropecuario escuchó la decisión de los magistrados durante la audiencia virtual.

El mismo tribunal también dictó condenas contra otras cinco personas, aunque con diferentes niveles de participación, por el delito de comercialización agravada de estupefacientes debido a la intervención organizada de tres o más personas. En tanto, otras dos personas que habían llegado a juicio fueron absueltas.
Además, los jueces resolvieron que, una vez que la sentencia adquiera firmeza, se destruya la droga secuestrada durante la investigación y se decomisen los teléfonos celulares incautados.
Cómo funcionaba la organización
Durante el juicio se pudo establecer que Airaldi estaba al frente de una organización dedicada al comercio de estupefacientes que desarrolló sus actividades entre junio de 2019 y marzo de 2024 en Paraná y Diamante.
De acuerdo con lo acreditado en el debate, parte de las operaciones se llevaba adelante desde campos relacionados con el productor agropecuario. En esos establecimientos funcionaba una pista de aterrizaje clandestina que era utilizada para recibir avionetas que trasladaban cocaína.
Desde esos mismos lugares también salían embarcaciones que eran utilizadas para distribuir los estupefacientes.
El Tribunal Oral Federal de Paraná estuvo integrado por Noemí Marta Berros, Mariela Rojas y José María Escobar Cello durante la lectura del veredicto.

En el marco de la causa, el Ministerio Público Fiscal había solicitado que se decomisara la estancia “El Mirador”, vinculada a Airaldi. La Fiscalía había argumentado que ese establecimiento había sido utilizado como una herramienta para concretar las actividades delictivas investigadas.
Sin embargo, los integrantes del tribunal resolvieron rechazar el pedido de decomiso del establecimiento rural.
Uno de los principales elementos considerados durante el juicio fueron las intervenciones telefónicas y los mensajes recuperados de los teléfonos celulares que habían sido secuestrados a integrantes de la organización.
Según explicaron los representantes del Ministerio Público Fiscal durante el proceso, esas comunicaciones permitieron reconstruir el modo en que funcionaba la estructura criminal, establecer las funciones que cumplía cada uno de sus integrantes y determinar que utilizaban un lenguaje codificado para evitar mencionar de manera directa cuestiones relacionadas con el tráfico de estupefacientes.
La condena contra Airaldi quedó así vinculada a una investigación que permitió reconstruir el funcionamiento de una organización dedicada al narcotráfico en Entre Ríos durante casi cinco años y que, según se acreditó en el juicio, utilizó establecimientos rurales, una pista clandestina y embarcaciones para desarrollar parte de sus operaciones.
