El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires había intensificado los controles sobre los estacionamientos reservados para personas con discapacidad y, en ese marco, había detectado una situación insólita en el barrio de Palermo: cuatro espacios irregulares estaban ubicados en una misma cuadra.
En lo que iba del año, la Ciudad había removido 471 estacionamientos reservados que presentaban algún tipo de irregularidad. Del total, 44 estaban ubicados en Palermo, donde se había registrado el particular caso de cuatro espacios cuyos permisos se encontraban vencidos.
De acuerdo con un informe del Gobierno porteño, los cuatro estacionamientos estaban ubicados sobre 3 de Febrero al 1100, entre la avenida Federico Lacroze y Teodoro García.
Las reservas que habían sido retiradas presentaban distintas irregularidades: algunas contaban con permisos falsos, otras los tenían vencidos y, en determinados casos, los titulares que figuraban en la documentación habían fallecido.
A través de un decreto, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, había establecido un plazo de 20 días para que las personas que utilizaban espacios no autorizados, con permisos vencidos o con información desactualizada pudieran regularizar su situación. El trámite podía realizarse mediante el sitio de Trámites a Distancia (TAD) o a través del correo electrónico reservaespacio@buenosaires.gob.ar.
Una vez finalizado el período previsto para la regularización, la Ciudad había establecido sanciones para quienes falsificaran o adulteraran los carteles correspondientes a estacionamientos destinados a personas con discapacidad. Entre las medidas contempladas se encontraba la suspensión de la licencia de conducir del infractor.
“Insólito. Cuatro estacionamientos truchos en una misma cuadra. Ya van 44 en Palermo y 471 en toda la Ciudad. Se terminó el vale todo. Ley y orden”, había expresado Jorge Macri al referirse al operativo.
Desde el Gobierno porteño habían señalado que ocupar un estacionamiento reservado sin contar con la autorización correspondiente no solamente significaba una apropiación ilegal de un sector del espacio público, sino que además afectaba directamente a los vecinos con discapacidad que tenían derecho y necesidad de utilizar esos lugares.
A partir de las nuevas disposiciones, quienes resultaran responsables también debían hacerse cargo de los costos operativos derivados del retiro del cartel y de la pintura del cordón.
Los cuatro estacionamientos que habían sido removidos estaban situados, específicamente, sobre 3 de Febrero al 1100, en el barrio de Palermo.
La intervención se había enmarcado en la política de ordenamiento del espacio público impulsada por el Gobierno porteño. Según habían indicado las autoridades, este tipo de procedimientos buscaba promover un entorno más justo y garantizar que todos los vecinos de la Ciudad estuvieran sujetos a las mismas reglas y contaran con los mismos derechos.
Cómo funcionaba el protocolo de acción inmediata
La Secretaría de Tránsito de la Ciudad había reforzado los controles sobre los carteles y señalizaciones correspondientes a los estacionamientos reservados. Cuando los inspectores detectaban alguna irregularidad, se aplicaba un protocolo de acción inmediata.
En primer lugar, se procedía al retiro inmediato del cartel o de la señalización irregular.
Cuando se constataban situaciones de falsificación o adulteración, se radicaba una denuncia ante el Ministerio Público Fiscal, con el objetivo de que se investigaran los hechos.
Antes de que se iniciara una causa penal, los infractores tenían la posibilidad de realizar el correspondiente descargo.
Además, las áreas competentes recibían instrucciones para comenzar de manera inmediata un procedimiento destinado a la suspensión preventiva de la licencia de conducir de la persona involucrada.
La nueva normativa también había incorporado un criterio de responsabilidad económica directa. De esta manera, quien hubiera provocado deliberadamente una situación irregular o hubiera adulterado el mobiliario urbano debía afrontar la totalidad de los gastos económicos generados por el operativo.
Las sanciones económicas
El régimen contemplaba multas de hasta $200.000 para quienes exhibieran certificados o credenciales de discapacidad inexistentes o que no cumplieran con las normas vigentes.
También se habían establecido multas de hasta $100.000 para quienes instalaran señales de tránsito sin autorización o modificaran o destruyeran la señalización vial.
Con el endurecimiento de los controles y de las sanciones, tanto administrativas como penales, el Gobierno porteño había planteado como objetivo garantizar la transparencia en la utilización de los beneficios vinculados con la inclusión urbana y asegurar el respeto de los derechos de accesibilidad vigentes.
Por último, el Ejecutivo porteño había enviado a la Legislatura de la Ciudad un proyecto de ley destinado a modificar el Código Contravencional. La iniciativa buscaba incorporar como contravención la conducta de aquellas personas que falsificaran o adulteraran carteles correspondientes a estacionamientos reservados para personas con discapacidad.
