Se conoció una nueva resolución judicial en el marco de la causa ANDIS. El ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, fue procesado por el delito de asociación ilícita.
La decisión fue adoptada por el juez federal Sebastián Casanello, quien interviene en la investigación por presuntos cobros de sobornos, fraude al Estado e incompatibilidades vinculadas al ejercicio del cargo público que desempeñaba el ex director del organismo.
El procesamiento no solo recae sobre Spagnuolo, sino que también incluye a Daniel Garbellini, quien fuera su segundo en la ANDIS, además de Miguel Calvete y Pablo Atchabahian, dos personas con estrechos vínculos con droguerías, de acuerdo a lo consignado en el expediente.
En total, el magistrado procesó a 19 personas, entre ex funcionarios y empleados de la ANDIS, así como empresarios privados. A todos ellos les impuso embargos de distintos montos sobre sus bienes, al considerar que, con diferentes roles, formaron parte de una asociación ilícita que logró infiltrarse en la Agencia.
El embargo más elevado fue fijado para Diego Spagnuolo y supera los 202 millones de pesos, convirtiéndose en la medida patrimonial más significativa dentro del fallo.
En los fundamentos de su resolución, Casanello sostuvo que durante los primeros meses del gobierno de Javier Milei se montó “un entramado de corrupción institucional” cuyo eje fue el funcionamiento irregular de la Agencia Nacional de Discapacidad.
Según el juez, ese esquema estuvo integrado por “operadores externos y funcionarios que ocupaban cargos de máxima autoridad”, quienes habrían actuado de manera coordinada, en perjuicio del interés general y en beneficio de negocios privados ilegales.
El fallo también señala que la ANDIS pasó a funcionar como una “vía de enriquecimiento para los integrantes de la organización”, en desmedro del objetivo público que debía orientar su accionar: la protección y el cuidado de las personas en situación de discapacidad.
Asimismo, la resolución deja abierta la posibilidad de profundizar la investigación, al advertir que “el esquema delictivo develado pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados”.
En esa línea, Casanello agregó que dentro de la propia ANDIS existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores.
Finalmente, el magistrado remarcó que “la extensión de los negocios, la magnitud de las cifras y cierto desenfado”, como el hecho de desoír reclamos de empresarios desplazados o de funcionarios disconformes, permiten inferir que no se trató de un accionar aislado, sino de una estructura que podría contar con un nivel más amplio de complicidades.
