El Gobierno de Santa Fe, a través de la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano, dispuso el resguardo de una niña que convivía con una familia sin un marco legal que respaldara esa situación en la localidad de Guadalupe Norte, departamento General Obligado.
La intervención comenzó después de que una pareja que tenía bajo su cuidado a una menor que no era su hija biológica se presentara ante la Justicia para solicitar la tutela. Según trascendió, la convivencia no contaba con resolución judicial ni con la intervención formal de los organismos correspondientes.
Ante ese planteo, el juez que tomó intervención rechazó el pedido y dio participación a la Secretaría de los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Familia, luego de evaluar la posible existencia de un delito.
Desde el Gobierno provincial explicaron que, tras la resolución judicial, se notificó a la pareja para que reintegrara a la niña al organismo provincial dentro de un plazo de 24 horas. La medida tuvo como objetivo preservar los derechos de la menor y garantizar su protección integral.
Finalmente, el sábado 16 de mayo la niña fue entregada y quedó bajo el cuidado y resguardo de la Secretaría, mientras continúan las actuaciones administrativas y judiciales correspondientes.
De acuerdo con la información oficial, durante 2025 la misma pareja había manifestado ante la delegación Vera su intención de adoptar a un niño con medida de protección e intentó incorporarse al programa de Familias Solidarias. Sin embargo, fueron descartados luego de expresar que su objetivo final era concretar una adopción.
En ese contexto, las autoridades les indicaron que debían inscribirse en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con fines Adoptivos de la Provincia de Santa Fe (Ruaga), el único mecanismo legal habilitado para avanzar en procesos de adopción.
Tras el operativo, los involucrados explicaron cómo se inició el vínculo con la niña. Jorge Rodríguez, uno de los integrantes de la pareja, afirmó que la madre biológica les pidió ayuda en diciembre pasado debido a una situación de extrema vulnerabilidad económica y social.
“La mamá pidió cuidado a través de Facebook y nos hicimos cargo. Nosotros no queremos un título ni ser sus papás. Lo avisamos en la comisaría, en la Secretaría de la Niñez y a la asistente social”.
Ahora, según establece el artículo 146 del Código Penal, la pareja podría enfrentar penas de prisión o reclusión de entre cinco y quince años para quien “sustrajere a un menor de 10 años del poder de sus padres, tutor o persona encargada de él, y el que lo retuviere u ocultare”.
