Una ex funcionaria del Registro Civil de Pocito, en la provincia de San Juan, fue condenada junto a otras cuatro personas por integrar una asociación ilícita dedicada a la emisión de documentos nacionales de identidad falsificados que eran utilizados para concretar estafas mediante la obtención de créditos y la compra de bienes destinados posteriormente a su comercialización.
La investigación estuvo encabezada por el fiscal Fernando Alcaraz y la auxiliar fiscal Virginia Rodríguez, integrantes del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de San Juan. De acuerdo con las conclusiones de la causa, las maniobras generaron un perjuicio económico que superó los 142 millones de pesos.
Natalia Lorena Castillo, quien se desempeñaba como titular de la delegación Pocito de la Dirección del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas de San Juan, fue condenada a 4 años y 8 meses de prisión, además de una multa e inhabilitación especial por cuatro años, al ser considerada miembro de la asociación ilícita. Según se acreditó en el expediente, la organización operó entre el 27 de agosto de 2024 y mediados de 2025.
La ex funcionaria también recibió una condena por tenencia ilegítima de documentación, delito contemplado en el artículo 33 inciso c de la Ley 17.671 de Identificación, Registro y Clasificación del Potencial Humano Nacional. La acusación se sustentó en el secuestro de 197 DNI auténticos hallados durante un allanamiento realizado en su vivienda.
A su vez, por su participación en 23 trámites irregulares de documentos de identidad y por la posesión ilegal de documentación oficial, Castillo fue condenada por violación de los deberes de funcionaria pública.
En la misma causa, Rolando Javier Navarro Saide, señalado como el líder de la organización, fue condenado a 5 años y 4 meses de prisión. Por su parte, Rodrigo Javier Navarro Pozo, Matías Martín Martínez Villalba y Marcelo Omar Cardozo recibieron penas de 3 años y 10 meses de cárcel como integrantes de la estructura delictiva.
Todos los acusados fueron hallados culpables de integrar una asociación ilícita compuesta por más de tres personas. Además, fueron condenados por 36 hechos de utilización de documentos adulterados destinados a acreditar identidad, en concurso ideal con estafas. También se les atribuyeron 18 hechos de inserción de declaraciones falsas en instrumentos públicos destinados a acreditar identidad en grado de tentativa y un hecho consumado de características similares.
La investigación tuvo su origen en una denuncia presentada el 19 de diciembre de 2024 por una persona residente en la provincia de Buenos Aires. La víctima detectó que se había empleado un DNI con fotografía y huellas dactilares de terceros para solicitar préstamos y efectuar operaciones comerciales en su nombre.
Las primeras medidas investigativas permitieron relacionar las maniobras con la sede Pocito del Registro Civil de San Juan y establecer la posible participación de empleados del organismo en la emisión irregular de documentación oficial.
La pesquisa logró reconstruir el funcionamiento de la organización. En una primera etapa se identificaban potenciales víctimas; posteriormente se reclutaba a personas que aportaban sus datos biométricos para confeccionar documentos falsificados y facilitar la tramitación y seguimiento de nuevos ejemplares de DNI. Con esos documentos se gestionaban créditos y se adquirían bienes que luego eran comercializados en el mercado informal.
La maniobra consistía en generar documentos materialmente auténticos a nombre de personas reales, pero utilizando los datos biométricos de terceros, lo que permitía concretar las estafas y dificultar la detección de las operaciones fraudulentas.
