Cinco ciudadanos chilenos y tres argentinos son intensamente buscados por la Justicia, acusados de integrar una organización delictiva relacionada con el tráfico internacional de armas. Ante esta situación, el Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso una recompensa de $5 millones para quienes aporten datos que permitan localizar y detener a cada uno de los sospechosos.
La medida fue oficializada mediante la Resolución 462/2026, firmada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y publicada este jueves en el Boletín Oficial. Según detalló el documento, el pedido fue realizado por el Juzgado Federal N°3 de Mendoza, encabezado por el juez Marcelo Fabián Garnica.
En la resolución se indicó que el magistrado solicitó a la cartera nacional que “se ofrezca recompensa para aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan lograr la detención” de los integrantes de la banda investigada.
El escrito oficial estableció: “Ofrécese como recompensas, dentro del territorio de la República Argentina, la suma de $5.000.000, por cada uno, destinadas a aquellas personas que, sin haber intervenido en los hechos delictuales, brinden datos útiles que permitan lograr la captura de: Franco Simón Basaez Vilchez, alias ‘El Javi’; Lisandro Eduardo Basaez Morales, alias ‘El enano petiso’; Kevin Matías Sandoval González; Yoel Ignacio Beaumont Sandoval; Aldana Matilde Glaria Orellana; Carlos Damián Algañaraz, alias ‘El Porteño’; Zaira Nahir Basaez y Selene Anahí Obregón”.
De acuerdo con la resolución, los cinco primeros nombrados son de nacionalidad chilena, mientras que los últimos tres son argentinos.
Además, el documento especificó que todos los acusados permanecen prófugos de la Justicia, con orden de captura nacional vigente desde el 22 de mayo de 2024 y pedido de captura internacional emitido desde el 22 de agosto de 2025.
Por último, desde el Ministerio de Seguridad recordaron que quienes tengan información sobre el paradero de los sospechosos podrán comunicarse de manera gratuita y confidencial con el Programa Nacional de Recompensas, dependiente de la Dirección Nacional de Normativa y Relaciones con los poderes judiciales y los Ministerios Públicos, llamando a la línea 134.
