La fiscal federal interina Luisina Tiscornia, a cargo del Área de Transición de la Unidad Fiscal Neuquén, solicitó la elevación a juicio oral de 19 personas acusadas por su presunta participación en la desaparición forzada de Sergio Daniel Ávalos, el joven estudiante universitario que fue visto por última vez en el interior del boliche “El Fuerte”, también conocido como “Las Palmas”, durante la madrugada del 14 de junio de 2003.
Ávalos tenía 18 años cuando desapareció. Aquella noche había concurrido al establecimiento junto a otros estudiantes y, desde entonces, no se volvió a conocer su paradero.
El pedido fue presentado ante el Juzgado Federal N°2 de Neuquén. En el requerimiento, Tiscornia sostuvo que la seguridad del local, conformada por seis militares, cinco policías y tres empleados civiles, había tenido intervención en los hechos. También señaló que personal de mantenimiento, limpieza y del área administrativa habría conocido lo ocurrido y se habría negado a brindar información, lo que habría obstaculizado el avance de la investigación.
El predio donde funcionó el boliche “El Fuerte” o “Las Palmas”, ubicado en la ciudad de Neuquén, fue el lugar donde Ávalos fue visto por última vez el 14 de junio de 2003.
De acuerdo con la acusación, once personas fueron señaladas como coautoras y otras ocho como partícipes necesarios del delito de desaparición forzada de persona, previsto en el artículo 142 ter del Código Penal. Ese delito contempla penas de entre 10 y 25 años de prisión, según destacó el portal Fiscales.
La estructura dentro del boliche
Para la fiscalía, la desaparición de Ávalos se produjo dentro de una “estructura organizada” que funcionaba en el establecimiento. Según la hipótesis acusatoria, estaba integrada por integrantes de la seguridad del Ejército Argentino y de la Policía de Neuquén, además de empleados del boliche.
La estructura habría funcionado bajo la dirección del propietario del local y la coordinación del encargado. Tiscornia consideró que ese esquema constituía un “aparato de violencia organizado”, con una modalidad de funcionamiento previamente establecida.
En el pedido de elevación a juicio también se detalló que el personal de seguridad mantenía un control permanente sobre lo que sucedía dentro del establecimiento y que intervenía de manera violenta ante conflictos. La fiscalía sostuvo además que existían antecedentes comprobados de episodios de violencia contra personas que concurrían al lugar.
Una de las prácticas mencionadas en la investigación consistía en trasladar a clientes hasta un espacio conocido como el “cuartito de seguridad”. Según la acusación, allí eran sometidos a agresiones físicas y verbales cuando se producía algún inconveniente durante la noche, tanto entre clientes como entre clientes y trabajadores de seguridad.
Tiscornia remarcó que la búsqueda de Sergio Ávalos continuaba, pero consideró que la investigación había reunido evidencia suficiente para que los 19 imputados fueran sometidos a un juicio oral.
Actualmente se encontraba vigente una recompensa de 5 millones de pesos para quienes aportaran información que permitiera determinar el paradero del joven.
El caso Sergio Ávalos
Sergio Daniel Ávalos era oriundo de Picún Leufú, Neuquén, y estudiaba la carrera de Economía en la Universidad Nacional del Comahue (UNCo).
Durante la madrugada del 14 de junio de 2003 había asistido junto a otros estudiantes al boliche “El Fuerte”, situado en Primeros Pobladores 2000, en la ciudad de Neuquén.
La investigación determinó que había sido visto por última vez dentro del establecimiento entre las 6.30 y las 7 de la mañana. Desde ese momento, no se volvieron a tener noticias sobre su paradero.
En su requerimiento, la fiscal Tiscornia sostuvo que los elementos reunidos permitían afirmar que Ávalos había sido retenido dentro del boliche y posteriormente trasladado para ocultarlo en otro u otros lugares. De acuerdo con esa hipótesis, permanecía desaparecido desde entonces y todavía no se habían podido establecer las circunstancias exactas de lo ocurrido.
La denuncia por su desaparición se presentó tres días después, el 17 de junio de 2003. El encargado de las Residencias Universitarias de la UNCo informó que el joven, quien ocupaba una de las habitaciones del complejo, no había regresado luego de salir a bailar.
Diez años más tarde, en 2013, la querella pidió que el expediente fuera investigado bajo la figura de desaparición forzada de personas y que pasara al ámbito de la Justicia Federal.
La Universidad Nacional del Comahue respaldó ese planteo y participaba en el expediente como amicus curiae desde 2012. El Ministerio Público Fiscal también acompañó la solicitud.
La cuestión de la competencia judicial fue resuelta finalmente en 2014 por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que determinó que el caso correspondía a la Justicia Federal. Desde el 11 de noviembre de ese año, el expediente quedó radicado en el Juzgado Federal N°2 de Neuquén.
A partir de entonces, el Ministerio Público Fiscal desarrolló distintas medidas para avanzar en el esclarecimiento de la desaparición. Se tomaron más de cien declaraciones testimoniales y se realizaron tareas de investigación de campo.
Además, se recopiló documentación de organismos públicos y privados, se solicitaron relevamientos en cementerios de las provincias de Neuquén y Río Negro y se elaboraron informes periciales destinados a realizar cotejos de ADN.
Estos últimos trabajos contaron con la participación del Equipo Argentino de Antropología Forense y se realizaron a partir del hallazgo de restos óseos.
