La jueza federal de Posadas, María Verónica Skanata, dispuso el procesamiento de 15 integrantes de la Policía de Misiones, entre efectivos que todavía se encuentran en actividad y otros que ya están retirados, por su presunta participación en la desaparición de Mario Golemba, ocurrida en 2008. A más de 18 años del hecho, el paradero del joven continúa siendo desconocido.
La resolución judicial distinguió dos grupos dentro de los policías investigados. Por un lado, identificó a ocho funcionarios que habrían intervenido directamente en los hechos y que fueron considerados coautores materiales. Para ellos, la magistrada confirmó la prisión preventiva, que continuarán cumpliendo bajo la modalidad de arresto domiciliario.
El segundo grupo quedó integrado por siete efectivos señalados por haber colaborado en el ocultamiento de lo sucedido. En estos casos, se dictaron procesamientos sin prisión preventiva y se ordenó la libertad de los involucrados, aunque deberán respetar determinadas reglas de conducta.
La totalidad de los procesados está acusada de desaparición forzada de persona, una figura contemplada en el artículo 142 ter del Código Penal argentino, que establece penas de entre 10 y 25 años de prisión.
Entre los ocho policías procesados con prisión preventiva se encuentran el comisario retirado Evaldo Katz; los oficiales de guardia Edgardo Andrés Arce y Liliana Margarita Saft; el jefe de guardia retirado Carmelo Alberto Cerdán Cruz; y el secretario José Roberto Pereyra Da Silva.
También integran esa nómina el chofer de turno Alejandro Alfonso González Samudio, Wiliams Gabriel Lunge, quien se desempeña en Seguridad Vial, y el radiooperador Cristian Andrés Silva, actualmente retirado.
Por su parte, los siete efectivos que recibieron el procesamiento sin prisión preventiva son los guardias Maximiliano Gabriel Gutiérrez, Ramón Aníbal Cardozo, Mario Francisco Villar y Diego Armando Amarilla. A ellos se suman el operador de radio Alfredo Lorenzo Ortiz, Baldemar Parra y Ofelia Gladys Ziller. Para estos últimos, la jueza también dispuso el cese de la prisión domiciliaria que venían cumpliendo.
La resolución incluyó otras dos situaciones procesales. Skanata dictó la falta de mérito para Juan Ramón Ferreyra, quien también se encuentra retirado de la fuerza, mientras que resolvió el sobreseimiento definitivo de Eduardo Pellizer, igualmente retirado.
Además, la magistrada ordenó embargar los bienes de cada uno de los 15 policías procesados hasta alcanzar los 90 millones de pesos. Al mismo tiempo, ratificó la continuidad de las medidas de protección reforzada destinadas a los testigos cuya identidad permanece bajo reserva, con el objetivo de resguardar su seguridad durante el desarrollo de la causa.
La investigación por la desaparición de Mario Golemba
En el requerimiento que impulsó los procesamientos, la fiscal Silvina Gutiérrez describió la existencia de un grupo de funcionarios que habría tenido intervención directa en la privación ilegítima de la libertad del joven y en las acciones posteriores.
Según la acusación fiscal, los policías, desde los puestos que ocupaban y mediante sus responsabilidades operativas, habrían tenido control sobre las distintas etapas del hecho: la detención ilegal de Golemba, su permanencia clandestina dentro de la Comisaría de Dos de Mayo, los tormentos a los que habría sido sometido y su posterior desaparición a través del ocultamiento definitivo de su persona.
En sintonía con la postura del Ministerio Público Fiscal, la jueza consideró que la responsabilidad penal investigada no se limitó a lo ocurrido durante aquella noche de marzo de 2008. Para la magistrada, los hechos tuvieron continuidad mediante una estructura que habría funcionado con el propósito de encubrir lo sucedido y garantizar la impunidad de los responsables.
La pesquisa reconstruyó que los efectivos habrían aprovechado los recursos y la organización interna de la comisaría de Dos de Mayo para concretar la detención ilegal de Golemba, ejercer violencia física contra él y hacerlo desaparecer. La dependencia policial está ubicada a aproximadamente 160 kilómetros de Posadas, la capital de Misiones.
El caso se remonta al 27 de marzo de 2008. Ese día, Mario Golemba, que tenía 27 años, salió de la casa que compartía con su familia en Picada Indumar, dentro de la localidad misionera de Dos de Mayo. Su destino era la ciudad de Oberá, donde tenía previsto asistir a una consulta con una nutricionista.
Después de cumplir con el turno médico, el joven se comunicó mediante mensajes de texto con sus familiares y su pareja. En esas comunicaciones les anticipó que tenía previsto regresar a su casa «cerca de la tardecita».
Sin embargo, ese regreso nunca se concretó. Desde entonces, no volvió a establecerse contacto con él y su desaparición dio inicio a una investigación que, con el paso de los años, avanzó sobre la posible participación de integrantes de la fuerza policial.
A más de 18 años de aquel 27 de marzo, Mario Golemba sigue sin aparecer y tampoco fueron encontrados sus restos. Mientras la Justicia avanza con el procesamiento de los efectivos señalados en la causa, continúa vigente una recompensa de 5 millones de pesos ofrecida por el Ministerio de Seguridad de la Nación para quienes aporten información que permita establecer su paradero y contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido.
