La madre de un adolescente que había realizado amenazas en una escuela de la provincia de Mendoza fue detenida en las últimas horas y quedó imputada por el delito de intimidación pública agravada por la participación de un menor. Según señalaron las autoridades, el hecho de que el joven haya llevado una réplica de arma de fuego al establecimiento educativo implica un “mayor reproche penal”.
De acuerdo con un escrito del Ministerio Público Fiscal de Mendoza, la mujer había sido imputada inicialmente el viernes 17 de abril por instigación a la intimidación pública, sin que se ordenara su arresto. Sin embargo, su situación procesal se agravó tras el pedido de detención preventiva.
En este contexto, y considerando la gravedad del hecho, se resolvió encuadrar la causa dentro del artículo 211 del Código Penal, que sanciona la intimidación pública —es decir, conductas que puedan generar intranquilidad en la sociedad—, agravado por la intervención de un menor según el artículo 41 quater. Esta calificación prevé una pena que va de tres a ocho años de prisión.
“En ese marco, es que el fiscal a cargo de la investigación, Juan Manuel Sánchez, ha ordenado la detención de la progenitora de manera preventiva y su alojamiento en Penitenciaria Provincial”, detalla el documento oficial.
Además, en la fundamentación se remarcó que, al momento en que ocurrieron los hechos, ya existía un contexto de alerta y preocupación generalizada, tanto en las comunidades educativas como en la sociedad en su conjunto.
Por último, se tuvo en cuenta la particular situación de que la acusada habría instigado a su propio hijo, sumado a la severidad de la pena prevista para el delito. Todo ello configura un escenario en el que se espera una eventual condena de cumplimiento efectivo.
