La jueza federal con competencia electoral, María Servini, instruyó a la Dirección Nacional Electoral (DINE), dependiente del Ministerio del Interior, a informar en un plazo de 24 horas sobre las medidas adoptadas para evitar la difusión de deepfakes durante las elecciones del próximo domingo. La decisión se produjo a raíz de un amparo colectivo presentado por el abogado Andrés Gil Domínguez, con el objetivo de promover acciones efectivas para prevenir la desinformación en el marco de los comicios legislativos.
En su presentación, Domínguez solicitó “la adopción de medidas efectivas que prevengan, alerten y hagan cesar de manera urgente la difusión de deepfakes o el uso no autorizado del servicio de clonación de voz y rostro mediante Inteligencia Artificial (IA)” respecto de las elecciones de renovación parcial de la Cámara de Diputados y de la Cámara de Senadores, a celebrarse el 26 de octubre de 2025. Consideró que estas prácticas afectaban de manera colectiva el derecho a elegir libremente en un contexto electoral transparente.
El abogado argumentó que la manipulación mediante deepfakes “ataca pilares esenciales del proceso democrático, comprometiendo la libre formación de la voluntad del votante por la intervención maliciosa de herramientas artificiales”.
Por su parte, el Estado Nacional, a través del Ministerio del Interior, cuestionó el amparo, señalando que “las medidas preventivas solicitadas requieren tiempo y normas de distinta jerarquía, pudiendo afectar derechos cuyo ejercicio ya está reglamentado”. Además, indicó que Domínguez carecía de un interés concreto y que su presentación era “conjetural y especulativa”.
El Procurador Fiscal Electoral, sin embargo, reconoció la gravedad del problema y sostuvo que los deepfakes representan un riesgo real para la política y los procesos electorales, afectados por la difusión de contenidos malintencionados, falsos o difamatorios. Propuso requerir informes al Estado sobre las acciones preventivas adoptadas y sugirió adherir al “Compromiso Ético Digital 2025”, un pacto entre empresas tecnológicas, asociaciones de prensa y agrupaciones políticas para garantizar la honestidad en el debate democrático y mitigar los efectos de la desinformación.
En cumplimiento de este dictamen, Servini había requerido previamente al Estado Nacional que informara sobre acciones de difusión y sensibilización planificadas o implementadas en medios tradicionales y digitales, relacionadas con el uso indebido de herramientas de IA que pudieran afectar el proceso electoral. También solicitó informes a la Unidad de Análisis de Información y a la Unidad de Inteligencia Artificial de la Cámara Nacional Electoral sobre los procedimientos para denunciar, solicitar información o remover contenidos durante los comicios.
Este viernes, Servini rechazó el amparo de Domínguez por falta de legitimación procesal, citando doctrina de la Corte Suprema que establece que “invocar la calidad de ciudadano sin demostrar un perjuicio concreto es insuficiente para sostener la legitimación”. No obstante, la magistrada subrayó que la preocupación planteada “es compartida por esta judicatura” y, ante la demora del Poder Ejecutivo en implementar las medidas sugeridas, ordenó a la DINE que informe en 24 horas el resultado de las acciones ya requeridas.
La jueza enfatizó la necesidad de un abordaje colectivo para mitigar la desinformación electoral, garantizando que los ciudadanos reciban información completa y confiable sin afectar la libertad de expresión. Recordó los antecedentes normativos y jurisprudenciales sobre el tema, incluyendo la Acordada N° 66/2018 de la Cámara Nacional Electoral, que destacó el impacto de las plataformas digitales en la circulación rápida de información y la complejidad de definir medidas frente a los desafíos tecnológicos.
Servini concluyó que las soluciones ante la amenaza de los deepfakes no son simples y requieren colaboración social y gubernamental para reforzar la educación ciudadana sobre estas tecnologías, aplicar herramientas de detección de contenido falso y considerar reglamentaciones sobre el uso de la IA. En este marco, ordenó a la Dirección Nacional Electoral informar, en un plazo de 24 horas, sobre las medidas adoptadas frente a la utilización de inteligencia artificial en el proceso electoral próximo.
