El Gobierno nacional oficializó la eliminación de los derechos de exportación aplicados a productos del sector minero, al mismo tiempo que derogó un régimen especial vinculado a las exportaciones de cobre. La medida fue establecida mediante el Decreto 563/2025, publicado este jueves 7 de agosto en el Boletín Oficial.
La normativa dispone una alícuota del 0% para el Derecho de Exportación (D.E.) en una amplia gama de mercaderías vinculadas a la actividad minera, incluyendo productos de minería no metalífera, metalífera, rocas de aplicación, combustibles y piedras preciosas o semipreciosas.
En los considerandos del decreto, el Ejecutivo sostiene que el objetivo principal es impulsar la competitividad de la industria minera, alineándose con los principios de libertad económica, apertura comercial y sostenibilidad fiscal, al tiempo que se preserva el equilibrio de las cuentas públicas.
La medida también forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno, orientada a estimular la inversión, reducir la carga impositiva y simplificar procesos administrativos. En ese sentido, se afirma que esta decisión apunta a potenciar la actividad económica, generar nuevos puestos de trabajo e incrementar el ingreso de divisas.
Según la administración del presidente Javier Milei, el sector minero tiene un rol clave en la economía nacional, representando el quinto complejo exportador del país. Además, explica en promedio el 80% de las exportaciones de provincias como Jujuy, Santa Cruz, San Juan y Catamarca.
El decreto también destaca que la minería argentina posee un fuerte potencial de crecimiento, especialmente en el contexto de la transición energética global, que está aumentando la demanda internacional de minerales. A pesar de contar con importantes reservas, el sector representa solo un 1,2% del PBI nacional, lejos del promedio regional, donde puede alcanzar hasta el 10%.
En este marco, el Ejecutivo argumenta que es necesario crear condiciones favorables para que ese potencial se traduzca en empleo, exportaciones y desarrollo económico sostenido, alineado con otras medidas de simplificación, eliminación de trabas burocráticas, apertura de mercados y posicionamiento internacional del país.
Por otra parte, el mismo decreto eliminó el Registro Optativo de Exportaciones de Cobre, creado en su momento para promover la actividad minera mediante beneficios aduaneros. Sin embargo, el Gobierno justificó su derogación indicando que el régimen nunca fue operativo y no hay empresas registradas como beneficiarias, lo que motivó la anulación del Decreto 308/22.
