La Policía Federal Argentina (PFA) detuvo a Santino Alvarado, hijo del conocido narcotraficante Esteban Lindor Alvarado, durante una serie de procedimientos realizados en las últimas horas en distintas localidades de Santa Fe, Córdoba y la provincia de Buenos Aires. El joven también está señalado por presuntas actividades vinculadas con la comercialización de estupefacientes.
Los operativos fueron 38 y se desarrollaron por requerimiento de las autoridades del Ministerio de Seguridad Nacional, en el marco del denominado Plan Bandera. Como resultado del despliegue policial, además de Santino Alvarado, fueron arrestadas otras once personas.
La detención del hijo del capo narco se concretó en una vivienda de Funes, localidad ubicada a unos 20 kilómetros de Rosario. Cuando los efectivos ingresaron al domicilio, Alvarado destruyó tres teléfonos celulares. Durante el procedimiento, los agentes también encontraron cocaína, armas de fuego, municiones, cargadores y una granada.
Los investigadores sospechan que la estructura criminal desarrollaba diferentes actividades ilegales, entre ellas la venta de drogas y armas, el cobro de dinero a terceros y operaciones destinadas al lavado de activos.
La investigación judicial se enfocó en el entorno de Esteban Lindor Alvarado y en los posibles vínculos de sus integrantes con el narcotráfico. Entre los detenidos también quedaron María Fernanda Rojas, identificada como una persona de máxima confianza y presunta mano derecha del jefe narco, y Claudio Tavella, abogado de Alvarado.
De acuerdo con las averiguaciones, Santino Alvarado habría recurrido a personas de su círculo cercano para llevar adelante distintas maniobras ilícitas. Entre las actividades detectadas figuraban el cobro de dinero a terceros, la comercialización de armas de fuego y municiones, la venta de estupefacientes y el intercambio de divisas.
Según la hipótesis de los investigadores, parte de esas operaciones se habría encubierto a través de la compra y posterior venta de vehículos de gama media y alta. De esa manera, la organización habría utilizado transacciones comerciales como mecanismo para disimular el origen de los fondos y desarrollar un presunto circuito de lavado de activos.
En ese esquema, María Fernanda Rojas habría tenido una función relevante en la administración de los movimientos económicos de la organización. Las tareas investigativas permitieron establecer que conocía en profundidad el funcionamiento de la estructura y las relaciones entre sus integrantes.
Por otra parte, la pesquisa también avanzó sobre la participación de Claudio Tavella, abogado de Esteban Alvarado. Los investigadores determinaron que ambos habían coincidido durante un período de detención años atrás, una circunstancia que habría fortalecido una relación de confianza entre ellos.
De acuerdo con las actuaciones, Tavella no solamente se habría encargado de la representación legal de Alvarado, sino que también habría asumido la atención de diferentes requerimientos del detenido.
Cómo comenzó la investigación contra el entorno de Lindor Alvarado
El expediente tuvo su origen en una investigación anterior que se tramitó ante el Juzgado Federal Nº 2 de Lomas de Zamora, a cargo del juez Ernesto Kreplak. En esa causa, las autoridades lograron frustrar un intento de fuga de Esteban Lindor Alvarado desde el Complejo Penitenciario Federal Nº 1 de Ezeiza.
A partir de ese episodio, la Justicia dispuso profundizar las investigaciones sobre las personas cercanas al narcotraficante, ante la sospecha de que podían estar involucradas en delitos contemplados en la Ley Nacional de Drogas.
Las tareas de inteligencia se centraron principalmente en Santino Alvarado y en sus contactos más próximos. Para reconstruir el funcionamiento de la presunta organización, los investigadores realizaron intervenciones telefónicas, seguimientos, vigilancias encubiertas y utilizaron drones.
Con esos recursos lograron identificar a distintas personas, domicilios y vehículos que podrían estar relacionados con las maniobras investigadas. Además, reunieron elementos que permitieron establecer las presuntas actividades ilegales y las funciones que habría cumplido cada uno de los integrantes de la estructura.
Una vez reunida la información, la División Operaciones Federales de la Policía Federal Argentina llevó adelante los 38 allanamientos. Los procedimientos fueron ordenados por el Juzgado Federal Nº 3 de Rosario, bajo la conducción del juez Carlos Vera Barros, con intervención de la Secretaría B y de la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar NEA), a cargo del doctor Matías Scilabra.
Finalmente, las doce personas detenidas, todas argentinas y mayores de edad, quedaron a disposición del magistrado que interviene en la causa. Los acusados enfrentan imputaciones por presuntas infracciones a la Ley Nacional de Drogas, tráfico de armas y lavado de activos, mientras se aguarda el avance de las correspondientes actuaciones judiciales.
