La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena a seis años de prisión contra un integrante de la Gendarmería Nacional que colaboraba con una organización dedicada al narcotráfico. El efectivo fue acusado de alertar a sus integrantes sobre los controles de ruta en los que podían ser descubiertos y de proporcionarles información para facilitar el traslado de estupefacientes.
El condenado es Lucas Alejandro Llopiz, quien fue encontrado responsable del delito de confabulación en calidad de autor. La resolución del máximo tribunal se produjo después de que los jueces desestimaran el planteo presentado por su defensa debido a incumplimientos de carácter formal.
La decisión llevó las firmas de los magistrados Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron la queja interpuesta por los representantes legales de Llopiz y, de esa manera, mantuvieron vigente la pena impuesta.
De acuerdo con los elementos reunidos durante la investigación, el gendarme se desempeñaba en la Sección Antidrogas “Ituzaingó” de la Gendarmería Nacional cuando comenzó a mantener contactos y negociaciones con José Alberto Laurencio, identificado en el expediente como uno de los principales responsables de la estructura criminal bajo investigación.
Entre las tareas que se le atribuyeron figuraba la entrega de datos sobre los vehículos que utilizaban las fuerzas de seguridad para desarrollar tareas investigativas. Esa información formaba parte de una serie de colaboraciones que, según la causa, estaban orientadas a favorecer las operaciones de narcotráfico y permitir que la organización pudiera desarrollar sus movimientos con mayores posibilidades de evitar los controles.
El origen de la investigación y el secuestro de casi cuatro toneladas de marihuana
La investigación judicial comenzó en marzo de 2017, luego de que una persona cuya identidad permaneció bajo reserva aportara información sobre un procedimiento realizado por efectivos de la Sección “Núcleo” del Escuadrón 57 “Santo Tomé” de la Gendarmería Nacional.
El operativo tuvo lugar en el control fijo denominado “Paraje Cuay Grande”, situado a la altura del kilómetro 669 de la Ruta Nacional 14, en la ciudad correntina de Santo Tomé.
Durante ese procedimiento, los uniformados detuvieron la marcha de un camión Scania que transportaba un semirremolque AST PRA. Al inspeccionar el vehículo, encontraron un cargamento de 4.631 paquetes de marihuana, cuyo peso total alcanzó los 3.985,355 kilos.
A partir de ese hallazgo, los investigadores reconstruyeron parte del circuito utilizado por la organización para ingresar y distribuir los estupefacientes en distintos puntos del país.
Según las actuaciones judiciales, la droga llegaba a la Argentina desde Paraguay mediante pasos ubicados en sectores ribereños del río Paraná, a la altura de Cerro Corá, en la provincia de Misiones. Una vez dentro del territorio nacional, los cargamentos eran trasladados hasta distintos depósitos situados en la ciudad de Posadas.
Desde esos lugares, la marihuana se distribuía en diferentes vehículos para continuar su recorrido por rutas terrestres. Los destinos identificados por los investigadores fueron Roldán, en la provincia de Santa Fe; Gualeguaychú, en Entre Ríos; y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde el material era destinado a su comercialización.
Los métodos utilizados para trasladar los estupefacientes
El expediente también describió los recursos que utilizaba la organización para disimular el transporte de la droga y reducir las posibilidades de que sus integrantes fueran detectados durante los desplazamientos.
Entre las modalidades identificadas se encontraba el empleo de vehículos que funcionaban como “punteros”, cuya tarea consistía en circular por delante de los transportes que llevaban la marihuana. De esa manera, podían advertir sobre posibles controles o situaciones que representaran un riesgo para el traslado de los cargamentos.
Además, el grupo recurría a móviles sanitarios y al transporte de mercadería lícita para ocultar o encubrir los movimientos de los estupefacientes. Estas maniobras formaban parte del esquema utilizado para facilitar la circulación de la droga por las rutas argentinas.
En ese contexto, la participación atribuida a Llopiz resultó relevante para la investigación, ya que el efectivo aportaba información vinculada con los vehículos utilizados por las fuerzas de seguridad en sus tareas de control e inteligencia.
Los antecedentes judiciales de la condena
El recorrido judicial del caso tuvo un primer fallo condenatorio en agosto de 2023, cuando el Tribunal Oral Federal de Corrientes declaró culpable a Llopiz y le impuso una pena de seis años de prisión.
Posteriormente, en mayo de 2024, la Cámara Federal de Casación Penal analizó el recurso presentado por la defensa y resolvió rechazarlo por mayoría, por lo que la condena permaneció vigente.
Finalmente, la defensa llevó el planteo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que desestimó la queja por cuestiones formales. Con las firmas de Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, el máximo tribunal dejó firme la sentencia y confirmó los seis años de prisión para el gendarme por su participación en la organización dedicada al tráfico de marihuana.
