Un grupo de internos alojados en la Unidad Penal N° 31 de Florencio Varela, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB), presentó una denuncia penal ante la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Quilmes contra ex integrantes de fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas que permanecían detenidos en ese establecimiento, además de autoridades penitenciarias.
Según la presentación, los denunciados habrían participado de distintos hechos que fueron descriptos como venta de drogas dentro del penal, extorsión, extorsión organizada, reducción a la servidumbre de personas vulnerables, usurpación de funciones estatales, torturas y tratos degradantes, entre otros delitos que ahora deberán ser investigados.
La denuncia fue presentada bajo la modalidad de acción de hábeas corpus colectivo y solicitó la intervención de fuerzas federales ante lo que los denunciantes definieron como una situación de “corrupción grave institucional”.
La denuncia apuntó al Pabellón 1
La presentación judicial estuvo centrada en el Pabellón 1 de la Unidad 31, donde permanecían alojados exclusivamente ex miembros de fuerzas de seguridad y de las Fuerzas Armadas.
Los denunciantes aseguraron que en ese sector funcionaría una organización denominada “La Comitiva” o “Los Limpiezas y mantenimiento”, que supuestamente habría actuado en connivencia con integrantes de la conducción penitenciaria.
De acuerdo con el escrito, ese grupo habría desarrollado un esquema sistemático de narcotráfico intramuros, extorsiones, sometimiento de internos vulnerables, usurpación de funciones estatales y aplicación de torturas y tratos degradantes.
La denuncia, describió a la organización como una “banda criminal transestructural” que habría conformado una suerte de “co-gobierno carcelario mafioso” dentro del Pabellón 1.
Los internos pidieron que, ante el temor de posibles represalias contra los denunciantes y testigos, se dispusiera el secreto de sumario. También solicitaron que la investigación quedara exclusivamente en manos de una fuerza federal, entre ellas Gendarmería Nacional Argentina o Policía Federal Argentina.
Además, reclamaron allanamientos y el secuestro de teléfonos celulares y documentación que, según sostuvieron, podrían aportar elementos para esclarecer los hechos denunciados.
Dieciséis presos y cinco funcionarios fueron señalados
Entre las personas denunciadas figuraron 16 internos que habían pertenecido a distintas fuerzas de seguridad. Según el escrito, dentro de ese grupo se encontrarían quienes cumplían diferentes roles, entre ellos un supuesto líder y recaudador, regenteadores, vendedores de drogas, operadores vinculados con autoridades penitenciarias, personas encargadas de confiscar mercadería enviada por familiares y presuntos falsificadores de documentación relacionada con traslados.
A ese grupo se sumaron cinco funcionarios del Servicio Penitenciario Bonaerense que prestaban funciones dentro de la unidad.
Uno de los principales puntos de la presentación estuvo relacionado con lo que los denunciantes denominaron la “privatización de la seguridad y el control de candados”.
Según el escrito, integrantes del personal penitenciario habrían entregado las llaves reglamentarias a internos que formaban parte del grupo conocido como “Mantenimiento”, permitiéndoles controlar la circulación, los horarios de encierro y la apertura y cierre de los candados de las 26 celdas que integraban el sector.
Los denunciantes sostuvieron que esta situación habría permitido a los referentes del pabellón imponer castigos y modificar de manera arbitraria los horarios de encierro. Como ejemplo, señalaron que el denominado “engome” habría sido fijado compulsivamente a las 17 como represalia contra aquellos internos que no cumplían con las exigencias económicas de la organización.
Un interno habría tenido acceso a oficinas y bases de datos
Otro de los hechos incluidos en la presentación judicial estuvo relacionado con un interno que, según la denuncia, habría tenido llaves y acceso a la Oficina de Ayudantía y Tratamiento del penal con el supuesto aval de una jefa penitenciaria.
Los denunciantes indicaron que ese preso habría ingresado a las instalaciones en distintos horarios, incluso durante la noche y la madrugada, y que habría utilizado computadoras oficiales pertenecientes al Estado bonaerense.
También se lo acusó de haber accedido de manera irregular a bases de datos confidenciales con información filiatoria de internos de distintas unidades penitenciarias bonaerenses.
Según la presentación, desde ese lugar habría confeccionado solicitudes de traslado que contenían información presuntamente falsa, además de colocar firmas y sellos que pertenecerían a autoridades penitenciarias.
La denuncia sostuvo que el mecanismo habría sido utilizado para impulsar el traslado de presos que se negaban a pagar supuestas cuotas extorsivas o a entregar parte de la mercadería que recibían durante las visitas.
Los denunciantes afirmaron que esos internos podían ser registrados falsamente como personas con “graves problemas de convivencia con sus pares”, con el objetivo de justificar su traslado hacia establecimientos penitenciarios de mayor seguridad.
La presentación también señaló que el sistema habría funcionado hacia otros pabellones. Según esa versión, internos de distintos sectores se habrían comunicado telefónicamente con el preso que tenía acceso a la oficina para solicitar traslados o expulsiones, a cambio de dinero y distintos tipos de mercadería.
Entre los pagos mencionados aparecieron dinero, bebidas, pinturas y mano de obra para trabajos de refacción de la oficina que, de acuerdo con la denuncia, era utilizada de manera irregular.
Los denunciantes también apuntaron contra funcionarios que, según sostuvieron, habrían firmado y elevado esos supuestos avales falsos ante juzgados y tribunales para darles apariencia de legalidad.
Acusaciones por venta y circulación de drogas
Otro capítulo de la denuncia estuvo referido a la comercialización, almacenamiento e ingreso de estupefacientes dentro del establecimiento.
Según los internos que realizaron la presentación, existirían registros visuales que demostrarían el ingreso irregular de personas de otros sectores al Pabellón 1, pese a que no contarían con autorización administrativa para permanecer allí.
En particular, se mencionó a un interno identificado como referente de otro pabellón de la Unidad 31. Los denunciantes afirmaron que esa persona habría ingresado al sector y mantenido encuentros con dos de los acusados.
La presentación sostuvo que esas situaciones serían indicios de operaciones destinadas a la distribución y adquisición de estupefacientes en cantidades importantes, con posterior abastecimiento de otros sectores del penal.
Los denunciantes aseguraron que esos movimientos se habrían realizado a la vista del personal penitenciario y que algunas de las situaciones habían quedado registradas en fotografías incorporadas a la presentación.
También denunciaron una supuesta “triangulación de estupefacientes” a través del sector Requisa.
Según el escrito, un interno que desempeñaba tareas bajo las órdenes de esa sección habría utilizado su libertad de circulación y su posición de confianza para funcionar como supuesto enlace logístico.
La denuncia sostuvo que esa persona habría ingresado reiteradamente cargamentos de drogas para entregarlos a integrantes de “La Comitiva”, quienes posteriormente los distribuirían entre los consumidores del penal.
Cobro de dinero por el acceso a internet
La presentación también incluyó acusaciones vinculadas con el acceso a internet dentro del Pabellón 1.
Los denunciantes aseguraron que “La Comitiva” habría establecido un régimen de cobros mensuales para permitir el uso de la conexión.
Según la denuncia, las sumas exigidas iban de 30.000 a 40.000 pesos por interno, en concepto de canon por el servicio de internet.
El escrito explicó que la organización habría administrado distintas antenas de la empresa Starlink. Un interno tendría bajo su control una de ellas, mientras que otro manejaría una segunda, trabajando junto a otro preso para recaudar el dinero exigido.
Al mismo tiempo, otros dos internos habrían comprado por sus propios medios una tercera antena Starlink con la intención de ofrecer una conexión al pabellón cobrando únicamente el costo proporcional del servicio.
La situación habría generado un conflicto cuando uno de los propietarios cuestionó públicamente los montos exigidos por la organización y planteó que los demás detenidos abonaran solamente el valor real del servicio.
Según el escrito, como represalia, ese interno habría sido golpeado por integrantes de la organización y posteriormente retirado del sector por personal de seguridad. Actualmente, de acuerdo con la denuncia, se encontraría alojado en el Pabellón 3.
Respecto del otro propietario del equipo, los denunciantes afirmaron que se habrían impulsado reiteradamente pedidos para trasladarlo a otra unidad mediante los supuestos avales falsos confeccionados desde la oficina de Ayudantía.
La denuncia agregó que el interno que se había resistido a las exigencias económicas habría sufrido además hostigamiento cotidiano y trabajos forzados y denigrantes dentro del sector.
Un supuesto monopolio sobre bebidas y alimentos
Otro de los puntos incluidos en la presentación estuvo relacionado con el presunto “monopolio absoluto de la comercialización de bebidas y alimentos”.
Los denunciantes señalaron que, con la presunta complicidad de autoridades del área de Requisa, se habría restringido el ingreso de determinadas bebidas, especialmente gaseosas Coca-Cola, para los familiares de los detenidos comunes durante los días de visita.
Al mismo tiempo, según la denuncia, se habría permitido el ingreso de grandes cantidades de esas bebidas destinadas a integrantes de “Los Limpiezas”, previo pago de un supuesto “peaje” o entrega de dádivas al personal de guardia.
Posteriormente, las gaseosas habrían sido revendidas dentro del penal a 10.000 pesos por unidad, según la presentación.
Los denunciantes atribuyeron esa actividad a cinco de los internos señalados en la causa.
Una supuesta “aduana ilegal” durante las visitas
La denuncia también describió la existencia de una “aduana ilegal de las visitas en el SUM”.
Según el escrito, el supuesto sistema de extorsión se habría trasladado al espacio destinado a los encuentros entre los presos y sus familiares.
Los denunciantes apuntaron contra un interno que tenía asignada oficialmente la función de “Limpieza del SUM de Visita”. Según sostuvieron, esa persona habría utilizado esa posición para implementar un mecanismo de recaudación en favor de dos de los principales referentes de la organización.
Al finalizar las jornadas de visita, uno de los líderes del grupo se habría ubicado en los principales mesones con un cuaderno y una lapicera para registrar y exigir una “colecta” obligatoria de mercadería.
En ese listado habrían quedado asentados productos como cigarrillos, galletitas, facturas y distintos alimentos llevados por los familiares de los internos.
La denuncia sostuvo que el supuesto registro contable era guardado en la celda 23 y que allí se individualizaba a cada detenido junto con la cantidad de mercadería que aportaba.
Según la presentación, quienes no podían afrontar esas exigencias o se negaban a entregar sus pertenencias sufrían distintas represalias.
Entre ellas, los denunciantes mencionaron restricciones para utilizar las habitaciones destinadas a las visitas íntimas, cuyo sistema de turnos habría quedado bajo control de uno de los líderes; incorporación forzada a tareas y trabajos dentro del pabellón y expulsiones violentas del sector mediante golpes.
Supuestos pagos a funcionarios penitenciarios
Uno de los aspectos más graves de la presentación estuvo relacionado con la presunta existencia de un circuito de pagos digitales entre internos y funcionarios.
Los denunciantes sostuvieron que la continuidad de la organización no podía explicarse solamente por el poder ejercido por los presos, sino que habría existido una estructura de cohecho destinada a garantizarles protección y libertad de acción.
Según el escrito, el supuesto líder financiero de la organización habría utilizado cuentas bancarias propias y de familiares, denominadas en la denuncia como “cuentas puente”.
Los denunciantes aseguraron haber aportado elementos técnicos e informáticos que, según su interpretación, demostrarían transferencias de dinero regulares y de montos importantes desde una cuenta perteneciente a un interno hacia cuentas particulares de un ex jefe de la Unidad 31.
La presentación sostuvo que esos pagos habrían tenido como contraprestación la denominada “tranquilidad” y una supuesta “zona liberada” que permitía a los integrantes de “Los Limpiezas” controlar los candados, manejar el servicio de internet y desarrollar el tráfico de drogas sin interferencias.
Como antecedente, los denunciantes mencionaron el desplazamiento reciente de un oficial que había sido denunciado penalmente por violencia de género por su propia pareja en inmediaciones del penal.
Según la presentación, en aquella oportunidad la mujer habría informado a la Jefatura del Servicio Penitenciario sobre presuntos delitos cometidos por el funcionario y habría mencionado la existencia de transferencias de dinero que supuestamente recibía de referentes del Pabellón 1.
La denuncia sostuvo además que la presunta connivencia habría alcanzado a otras autoridades penitenciarias, a quienes atribuyeron la función de brindar cobertura administrativa a la organización.
En ese marco, los denunciantes afirmaron que determinados funcionarios habrían permitido el uso nocturno de oficinas oficiales, facilitado sellos institucionales y dado curso a supuestos avales falsificados utilizados para pedir el traslado de internos que se negaban a pagar las cuotas extorsivas.
Denunciaron una presunta estafa vinculada con estudios
Finalmente, la presentación judicial incluyó otra acusación vinculada con el funcionamiento del ámbito escolar de la Unidad Penal 31.
Los presos denunciantes hablaron de un supuesto “mecanismo de estafa judicial” que habría tenido como objetivo engañar a magistrados de distintos Juzgados de Ejecución Penal.
Según el escrito, se habrían presentado de manera fraudulenta horas de estudio y certificados analíticos presuntamente falsos para beneficiar a integrantes de “La Comitiva”.
La denuncia quedó así planteada como una acusación de múltiples hechos que involucrarían tanto a internos como a integrantes del Servicio Penitenciario Bonaerense. Las afirmaciones forman parte de una presentación judicial y deberán ser investigadas por la Justicia para determinar si los delitos denunciados ocurrieron y establecer eventuales responsabilidades.
