El Gobierno de la provincia de Córdoba oficializó el cobro de los operativos por amenazas escolares. El protocolo fue publicado este lunes en el Boletín Oficial.
Según se informó, la decisión quedó formalizada tras haber sido anticipada días atrás por el ministro Juan Pablo Quinteros. A partir de ahora, los padres o tutores de estudiantes que realicen este tipo de amenazas deberán afrontar los costos que generen los despliegues de seguridad.
Este lunes se conoció que entró en vigencia la resolución del Ministerio de Seguridad que aprueba el Protocolo de Recupero y Resarcimiento de Gastos. La normativa fija el mecanismo administrativo para reclamar los costos a los responsables.
El objetivo de la medida es promover el uso responsable de los recursos públicos frente a situaciones de amenazas, que en la mayoría de los casos resultan ser falsas, pero que igualmente obligan a desplegar operativos policiales, servicios de emergencia y logística especial.
El procedimiento comenzará tras la intervención del Ministerio Público Fiscal, organismo que tendrá la tarea de identificar a los autores del hecho y a los adultos responsables.
Posteriormente, intervendrán las autoridades provinciales, quienes deberán determinar los costos operativos de cada procedimiento, elaborar un expediente con todos los registros del operativo y cuantificar los gastos asumidos por el Estado. Luego, se intimará al pago en un plazo perentorio de cinco días.
“En caso de incumplimiento, se dará intervención a Fiscalía de Estado para avanzar con acciones judiciales de recupero”, destacaron desde el Gobierno provincial.
