El ex presidente de Corea del Sur, Yoon Suk Yeol, fue condenado a cinco años de prisión por obstrucción a la justicia en el marco de las causas abiertas tras la declaración de la ley marcial en diciembre de 2024. La sentencia fue emitida este viernes por un tribunal surcoreano, que imputó cargos vinculados al impedimento de acciones judiciales, aunque absolvió al ex mandatario del delito de falsificación de documentos oficiales por falta de pruebas.
El fallo constituye el primer veredicto en una serie de procesos judiciales que enfrenta Yoon, cuya decisión de imponer la ley marcial desató protestas masivas en todo el país y un fuerte enfrentamiento político e institucional, incluido un choque con el parlamento.
El juez Baek Dae-hyun, del Tribunal del Distrito Central de Seúl, declaró culpable a Yoon por obstruir la justicia al impedir que los investigadores concretaran su detención y por excluir a miembros del gabinete de una reunión clave en la que se planificó la imposición de la ley marcial. En su argumentación, el magistrado sostuvo que el ex presidente incumplió su deber constitucional.
“A pesar de tener la obligación, por encima de cualquier otra, de defender la Constitución y respetar el estado de derecho, el acusado mostró una actitud que ignoró esos principios”, afirmó Baek, quien calificó la culpabilidad de Yoon como “extremadamente grave”.
Pese a la condena, el ex mandatario fue absuelto del cargo de falsificación de documentos oficiales. No obstante, enfrenta múltiples procesos judiciales por su accionar durante la crisis institucional y los hechos posteriores. Los fiscales habían solicitado una pena de diez años de prisión, mientras que Yoon defendió su accionar y sostuvo que no violó ninguna ley.
La defensa del ex presidente cuenta con un plazo de siete días para apelar la sentencia. El fallo se conoció pocos días después de que fiscales, en una causa separada, solicitaran la pena de muerte contra Yoon Suk Yeol por su presunto rol como “cabecilla de una insurrección”, al haber orquestado la suspensión del gobierno civil mediante la ley marcial.
Según la acusación, el ex mandatario merece la pena máxima debido a que no mostró “ningún remordimiento” por acciones que, según los fiscales, pusieron en peligro el orden constitucional y la democracia del país. Aunque la pena capital sigue vigente en Corea del Sur, su aplicación es considerada poco probable debido a la moratoria no oficial sobre las ejecuciones que rige desde 1997.
Durante la audiencia, Yoon fue visto sonriendo en la corte mientras los fiscales exigían la condena más severa. El ex presidente, quien anteriormente se desempeñó como fiscal general, mantuvo una postura desafiante y reiteró que la declaración de la ley marcial fue un uso legítimo de sus atribuciones presidenciales.
En sus alegatos finales, sostuvo que “el ejercicio de los poderes de emergencia constitucional de un presidente para proteger a la nación y defender el orden constitucional no puede considerarse un acto de insurrección”. Además, acusó al entonces partido opositor de imponer una “dictadura inconstitucional” mediante el control del Poder Legislativo y afirmó que “no había otra opción que despertar al pueblo, que es el soberano”.
En paralelo, la Justicia avanzó sobre los hechos concretos que derivaron en la condena por obstrucción a la justicia. El tribunal determinó que Yoon utilizó al servicio de seguridad presidencial para impedir que la Oficina de Investigación de la Corrupción para Altos Funcionarios ejecutara una orden de arresto en enero de 2025. Durante ese operativo, los agentes se encontraron con escudos humanos y autobuses bloqueando el acceso a la residencia presidencial.
El fallo remarcó que el ex mandatario privatizó el servicio de seguridad presidencial para proteger intereses personales, obstaculizar una orden judicial e intentar destruir pruebas. Según el tribunal, Yoon ofreció excusas poco convincentes y no mostró arrepentimiento, aunque se consideró como atenuante que no posee antecedentes penales.
La sentencia, transmitida en vivo, marca un hito judicial tras el fallido intento de imponer la ley marcial la noche del 3 de diciembre de 2024. En tanto, el tribunal tiene previsto pronunciarse el próximo 19 de febrero sobre los cargos de insurrección. Además, Yoon enfrenta otro juicio por presunta ayuda al enemigo, a raíz de acusaciones de que ordenó vuelos de drones sobre Corea del Norte para reforzar su decisión de declarar la ley marcial.
