La ex jueza Alejandra Claudia Velázquez fue condenada por ofrecer dinero en expedientes de adopción, en una causa que culminó con un juicio abreviado luego de que la ex magistrada reconociera los hechos. A pesar de la pena impuesta, no deberá cumplir prisión efectiva debido a que recibió el beneficio de la condena condicional.
Velázquez fue sentenciada a tres años de prisión por el delito de cohecho agravado por su condición de funcionaria pública. Durante el proceso admitió haber reclutado empleadas para localizar mujeres embarazadas o niños en situación de adoptabilidad en el partido bonaerense de Pilar, con el objetivo de favorecer a matrimonios de elevado poder adquisitivo residentes en countries de la zona.
De acuerdo con la resolución judicial, la ex jueza ofreció dinero a dos funcionarias públicas para influir en actuaciones que debían desarrollar dentro de procesos de adopción. Aunque ambas rechazaron de inmediato la propuesta, la Justicia consideró que el delito quedó configurado con el solo hecho de realizar el ofrecimiento.
Velázquez estuvo al frente del Juzgado de Familia N°1 de Pilar durante varios años. Sin embargo, el caso tomó notoriedad en 2017, cuando el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios de la provincia de Buenos Aires resolvió destituirla. La decisión se produjo tras comprobarse que había promovido propuestas económicas para encontrar mujeres embarazadas en situación de vulnerabilidad y facilitar la entrega de bebés a familias con alto poder adquisitivo.
La investigación se inició a partir de reiteradas ausencias de la funcionaria en el juzgado. Esa situación derivó en la toma de declaraciones a empleados del organismo, algunos de los cuales revelaron haber recibido propuestas relacionadas con adopciones irregulares.
Una de las trabajadoras que declaró en la causa recordó que la entonces magistrada manifestó que uno de sus objetivos era “conseguir panzas” y acelerar los trámites correspondientes.
Tras ser apartada de su cargo, la Justicia emitió un pedido de captura internacional. Como resultado de esa medida, en julio de 2024 Interpol determinó que Velázquez se encontraba en España. Posteriormente, el 21 de agosto de 2025 fue extraditada a la Argentina y permaneció detenida bajo la modalidad de prisión domiciliaria en una vivienda ubicada en Tigre.
Finalmente, en el juicio abreviado desarrollado ante el Juzgado en lo Correccional N°1 de San Isidro, y tras un acuerdo entre las partes, la ex jueza fue condenada a tres años de prisión e inhabilitada para ejercer cargos públicos durante seis años.
