Un geriátrico ubicado en el barrio porteño de Almagro fue allanado y posteriormente clausurado luego de que una investigación comprobara que los adultos mayores alojados en el lugar recibían una alimentación insuficiente, no contaban con la asistencia necesaria y sufrían situaciones de maltrato por parte del personal.
La intervención judicial comenzó a raíz de un informe elaborado por el Programa Proteger, dependiente de la Subsecretaría para Personas Mayores del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tras una inspección integral realizada en el establecimiento.
A partir de esa documentación, la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N.º 25, encabezada por Juan Cruz Artico, solicitó un allanamiento de urgencia ante los riesgos detectados para los residentes de la institución.
Durante la inspección, los profesionales realizaron entrevistas individuales y reservadas con los adultos mayores. En ese contexto, una de las residentes, que presentaba un estado de extrema delgadez, manifestó en reiteradas oportunidades que necesitaba comer y aseguró que habitualmente solo recibía café con leche y pan como alimentación. La información fue confirmada por el Ministerio Público Fiscal.
Además, otros residentes denunciaron haber sufrido malos tratos verbales, gritos y actitudes hostiles por parte de los cuidadores, situaciones que, según la investigación, comprometían tanto su integridad física y psicológica como su dignidad.
El informe también enumeró una serie de irregularidades de gravedad detectadas durante la inspección:
- Los residentes recibían una alimentación inadecuada y no se respetaban las dietas indicadas de acuerdo con las patologías de cada persona.
- En numerosas oportunidades no disponían de asistencia del personal durante la noche ni cuando requerían ayuda.
- Existía una marcada falta de atención profesional y de actividades terapéuticas adaptadas a las necesidades de los adultos mayores.
En el operativo también participaron la Unidad Ejecutora de Registro y Regulación de Establecimientos Geriátricos (UERYREG) y la Agencia Gubernamental de Control (AGC), organismos del Gobierno de la Ciudad que constataron múltiples deficiencias edilicias y de funcionamiento.
Entre las anomalías detectadas figuraban problemas sanitarios, escasez de recursos humanos, incumplimientos en el funcionamiento del establecimiento y serias falencias en los protocolos de atención.
Como consecuencia de estas irregularidades, la AGC dispuso la clausura administrativa del geriátrico. Paralelamente, el fiscal Juan Cruz Artico ordenó el allanamiento del lugar y solicitó la inmediata relocalización de todos los adultos mayores que permanecían alojados en la residencia.
Finalmente, los residentes fueron trasladados a otros establecimientos para garantizar su atención, mientras que la fiscalía identificó a la persona responsable del geriátrico y encuadró la causa bajo las figuras de abandono de persona y la contravención por maltrato.
