La primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persad-Bissessar, defendió públicamente la reciente instalación de un radar estadounidense en el archipiélago, un dispositivo operado por marines norteamericanos que —según explicó— busca reforzar la vigilancia sobre actividades ilícitas en la región. La mandataria afirmó que el equipo ayudará a “identificar movimientos relacionados con la evasión de sanciones impuestas al petróleo crudo venezolano y a traficantes que han realizado envíos de drogas, armas, municiones y migrantes a nuestro país desde Venezuela”.
Persad-Bissessar, quien se define como “una fiel devota del presidente estadounidense Donald Trump”, destacó que el radar representa una mejora sustancial en las capacidades de monitoreo, ya que ofrece una capa adicional de protección “que antes no existía”. Su instalación ocurrió en un nuevo aeropuerto, poco después de recibir al buque USS Gravely y en pleno desarrollo de ejercicios militares conjuntos con Estados Unidos que se extendieron hasta el 21 de noviembre.
En el marco regional, la primera ministra contextualizó esta cooperación en el embargo petrolero que Trump impuso a Venezuela en 2019 y en las posteriores sanciones aplicadas durante su gestión. Desde Caracas, el régimen chavista calificó el despliegue de estas maniobras como una provocación directa.
La presencia del radar también generó discusiones internas. El opositor Movimiento Nacional del Pueblo (PNM) reclamó mayor claridad sobre el operativo y pidió explicaciones detalladas. Ante estas críticas, Persad-Bissessar acusó al PNM de “pasar por alto el tráfico ilegal de drogas y personas impulsado por Venezuela” y afirmó que los cuestionamientos buscan “forzar al gobierno a revelar información sensible de seguridad nacional que podría favorecer a presuntos financistas de la mafia local de drogas y a colaboradores criminales venezolanos”.

La líder opositora Pennelope Beckles insistió en que cualquier evidencia sólida debe entregarse directamente a la policía. Desde Venezuela, en tanto, la dictadura de Nicolás Maduro sostuvo que la primera ministra se alinea con “los planes de Estados Unidos para derrocar al gobierno”, una acusación que Persad-Bissessar negó rotundamente al remarcar que Washington “nunca pidió usar nuestro territorio para atacar a Venezuela”.
En paralelo, la presencia militar estadounidense en el Caribe aumentó la tensión. En el marco de la Operación Lanza del Sur, el Comando Sur destruyó 20 embarcaciones desde septiembre, dejando un saldo de 83 muertos en operaciones contra redes criminales en el Caribe y el Pacífico.
Además, entre el 16 y el 21 de noviembre, cerca de 350 miembros de la 22 Unidad Expedicionaria de Infantería de Marina de Estados Unidos realizaron ejercicios conjuntos con la Fuerza de Defensa de Trinidad y Tobago, enfocados en mejorar la interoperabilidad y fortalecer la respuesta contra el crimen organizado.

Expertos citados por medios estadounidenses señalaron que se trata del mayor despliegue militar en décadas, destinado a incrementar la presión sobre el régimen de Maduro. El gobierno trinitense, sin embargo, insiste en que la colaboración con Estados Unidos se limita exclusivamente a la lucha contra el narcotráfico.
La situación escaló aún más con la llegada al país del jefe del Estado Mayor estadounidense, Dan Caine, justo después de que Washington designara oficialmente al Cártel de los Soles como organización terrorista extranjera.
Maduro respondió a esta visita con un mensaje televisado en VTV, asegurando que Venezuela continuará resistiendo cualquier forma de presión internacional. “Hagan lo que hagan, cómo lo hagan, dónde lo hagan, no van a poder con Venezuela. Somos invencibles”, expresó, denunciando además “amenazas, guerras psicológicas, políticas y diplomáticas”, y proclamando que la paz será la mayor victoria.

