La decisión oficial se encuadró dentro de la estrategia de avanzar con la privatización de activos y funciones de ENARSA. En ese marco, el Gobierno autorizó al sector privado a importar y comercializar Gas Natural Licuado (GNL) con el fin de garantizar el suministro energético durante los períodos de mayor demanda, y al mismo tiempo prorrogó la emergencia del Sector Energético Nacional hasta fines de 2027.
Desde la Secretaría de Energía explicaron que la resolución se adoptó porque hoy no existe capacidad de transporte suficiente para que todo el gas disponible en las cuencas productoras llegue en el volumen necesario a los principales centros de consumo, sobre todo el AMBA y el Litoral. Por esa razón, durante el invierno resulta indispensable complementar el sistema con GNL.
La iniciativa se alineó con la política oficial de reducir la participación del Estado como empresario e intermediario en el mercado energético, y de avanzar con la transferencia al sector privado de funciones que hasta ahora estaban bajo la órbita de ENARSA.
El argumento central volvió a señalar la falta de capacidad de transporte para trasladar todo el gas disponible en origen hacia los grandes centros de consumo. En ese contexto, el objetivo pasó a ser que el Estado se concentre en su papel regulador: establecer normas, garantizar transparencia y velar por el abastecimiento, según remarcaron desde el área energética.
Bajo esta nueva lógica, Enarsa dejó de importar y comercializar GNL, función que pasó a manos de operadores privados.
Hasta ahora, el Estado compraba GNL a valores internacionales —entre 15 y 17 dólares por MMBTU— y luego lo vendía en el mercado local a precios similares a los del Plan Gas, cercanos a 2,7 dólares por MMBTU. La diferencia entre ambos montos se cubría mediante subsidios.
Según el comunicado oficial, el nuevo esquema eliminó esa intermediación estatal y trasladó al sector privado la responsabilidad comercial y operativa.
Se apuntó a asegurar el abastecimiento durante el invierno. Con la puesta en marcha del sistema, el acceso a la capacidad de regasificación disponible en la terminal de Escobar pasó a definirse mediante un proceso de licitación.
La empresa que resultara adjudicataria quedaría a cargo de importar el GNL, llevar adelante la regasificación e inyectarlo al sistema para abastecer tanto a distribuidoras como a centrales eléctricas.
La Secretaría de Energía fijaría las condiciones del procedimiento y los lineamientos operativos para dar previsibilidad al esquema. Si el mecanismo no ofreciera resultados, ENARSA podría intervenir de manera transitoria para evitar riesgos de desabastecimiento.
Para evitar distorsiones en un escenario donde la única terminal operativa cumple un rol clave en el suministro, se contempló la fijación de un precio máximo para el gas regasificado durante el próximo invierno.
Ese tope se determinaría tomando como base una referencia internacional, a la que se sumaría un cargo destinado a cubrir costos logísticos y operativos como flete, regasificación, almacenamiento, comercialización y transporte por gasoducto hasta el punto de entrega en Cardales.
El acceso a la capacidad de regasificación en Escobar se definiría, entonces, por licitación. El cargo adicional sería establecido mediante un proceso competitivo entre compañías, con el objetivo de reflejar eficiencia y asegurar la mejor oferta posible.
El Ejecutivo sostuvo que la meta fue garantizar el suministro en los momentos de mayor necesidad, ordenar la formación de precios a través de la competencia y avanzar hacia un mercado más transparente, donde el Estado deje de operar directamente y se enfoque en reglas y control del sistema.
La iniciativa se dio en paralelo a la espera del megaproyecto Argentina LNG, que se encontraba en etapa de estructuración y definición comercial. YPF avanzaba en negociaciones con socios estratégicos internacionales, potenciales compradores de largo plazo y proveedores de tecnología, mientras trabajaba en el diseño contractual y financiero necesario para alcanzar decisiones finales de inversión (FID).
Cabe recordar que durante el invierno de 2025 el Gobierno había autorizado a Cammesa a pagar precios más altos por el gas para evitar cortes de suministro. Esa decisión respondió a la escasa oferta bajo el Plan Gas, cuyos valores regulados se volvieron poco atractivos para los productores, afectando la disponibilidad de gas para centrales térmicas.
En ese contexto, en junio de ese año fue necesario interrumpir el suministro a usuarios industriales, estaciones de servicio de GNC y algunas usinas generadoras con contratos “interrumpibles”, con el fin de priorizar el abastecimiento de los hogares en medio de una ola de frío.
