Tres mujeres permanecerán detenidas en el penal de Olmos luego de que la Justicia desestimara el pedido de excarcelación. Están acusadas de integrar la organización que extorsionaba a hombres mediante aplicaciones de citas, entre cuyas víctimas se encontraba el soldado Rodrigo Gómez, quien se suicidó en la Quinta de Olivos.
De acuerdo con lo informado por el sitio Fiscales.gob, la banda también estaba conformada por otros tres hombres que operaban desde las cárceles bonaerenses de Magdalena y Olmos, además de una cuarta mujer y otras personas que todavía no fueron identificadas.
La resolución fue adoptada por la titular del Juzgado Federal N°1 de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado, en consonancia con el dictamen del fiscal Federico Iuspa, a cargo de la Fiscalía Federal N°1 de esa jurisdicción.
Según se desprende de la investigación, la organización habría actuado, al menos, entre el 14 de diciembre de 2025 y el 9 de febrero pasado. En principio, se le atribuyen tres hechos, entre otros que aún continúan bajo análisis.
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, había señalado previamente que siete reclusos manejaban la organización desde la unidad penitenciaria, mientras que las mujeres cumplían el rol de recaudadoras, encargadas de retirar el dinero que abonaban las víctimas de las extorsiones, entre ellas Gómez.
En la misma conferencia de prensa, Arroyo Salgado advirtió: “Lo más preocupante es que esto no es novedoso, porque tenemos infinidad de antecedentes de delitos graves cometidos desde el penal, gracias al uso irrestricto de un celular, que hoy en día es una herramienta, pero que, como lo fue en este caso, es un arma letal”.
La causa se inició el 16 de diciembre pasado, tras el hallazgo del cuerpo del joven de 21 años, integrante del Escuadrón Chacabuco del Regimiento de Granaderos a Caballo General San Martín del Ejército Argentino. El soldado se quitó la vida en una de las garitas de la residencia presidencial, donde cumplía tareas de custodia.
Antes de su muerte, el joven dejó una carta en la que se despidió de su familia, pidió perdón y expresó su angustia por las consecuencias de haber sido víctima de la organización delictiva. En el escrito manifestó: “Lamento, mamá, por esta estúpida decisión. Pero no quiero ser más una carga para todos y no te quiero dar problemas nunca más”.
En ese marco, la defensa de tres de las acusadas solicitó la excarcelación, aunque el fiscal Iuspa se opuso al considerar la gravedad de los hechos, la posible existencia de más damnificados y el trágico desenlace del soldado, factores que, a su entender, evidenciaban riesgos procesales concretos.
El representante del Ministerio Público sostuvo que, en caso de recuperar la libertad, las imputadas podrían entorpecer la investigación o sustraerse del accionar judicial. Remarcó que aún restan medidas de prueba y no se descarta la participación de otras personas en la maniobra.
Asimismo, subrayó que la organización habría operado con una estructura coordinada y con capacidad de intimidación, mediante amenazas de difusión de supuestos contenidos íntimos en entornos digitales, modalidad que formaba parte del esquema de extorsión.
La magistrada coincidió con esos argumentos y rechazó los pedidos de excarcelación al advertir que persisten riesgos de entorpecimiento y de reiteración delictiva. En paralelo, se aguardan los resultados de los peritajes sobre los teléfonos celulares secuestrados, que podrían aportar nuevos elementos a la causa.
