La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firmes dos condenas vinculadas con una red de explotación de la prostitución que funcionaba en bares de Salvador Mazza, en la provincia de Salta. La investigación se había iniciado a partir de denuncias anónimas realizadas en 2013.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti desestimaron por cuestiones formales las presentaciones realizadas por Roberto Quintián Rodríguez y Mercedes Baigorria, quienes habían sido señalados como administradores del bar denominado “Terra Nostra”.
Ambos habían recibido una pena de cinco años y seis meses de prisión como coautores del delito de facilitación de la prostitución en concurso ideal con explotación de la prostitución. En los dos casos, los delitos habían sido considerados agravados por el abuso de la situación de vulnerabilidad de las víctimas.
En el mismo proceso judicial también había sido condenada Viviana Gómez, quien trabajaba en otro establecimiento identificado como “El Quijote”. La mujer recibió una pena de cinco años de prisión en calidad de partícipe necesaria.
Cómo comenzó la investigación
La causa se había originado a partir de una serie de denuncias anónimas que advertían sobre el funcionamiento de una red de denominada “prostitución VIP” en determinados bares de Salvador Mazza, localidad ubicada en el norte salteño. En el expediente también había intervenido la AFIP como parte querellante.
Durante el juicio se había acreditado que los establecimientos funcionaban como lugares donde los clientes podían contratar servicios sexuales. Los encuentros posteriormente se concretaban en hoteles de la zona, que en general eran seleccionados por los propios clientes.
En el marco de la investigación, los agentes habían secuestrado distintos cuadernos en los que quedaban asentados los montos de dinero retenidos por los servicios realizados para cada cliente.
La fiscalía había sostenido que las mujeres involucradas se encontraban atravesando diferentes situaciones de vulnerabilidad, vinculadas con aspectos económicos, familiares y sociales.
Las condenas y la decisión de la Corte Suprema
El expediente había sido analizado inicialmente por el Tribunal Oral Federal N.º 2 de Salta, que había absuelto por falta de pruebas al exintendente de Salvador Mazza, Carlos Villalba.
Villalba había llegado a juicio acusado por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual. Sin embargo, el tribunal había considerado que no existían elementos suficientes para establecer su responsabilidad y resolvió su absolución.
En cambio, el mismo tribunal había condenado a Roberto Quintián Rodríguez, Mercedes Baigorria y Viviana Gómez por los distintos grados de participación que habían tenido en los hechos investigados.
Posteriormente, las defensas habían recurrido la sentencia ante la Cámara Federal de Casación Penal, pero ese tribunal había rechazado los planteos y mantenido las condenas dictadas en el juicio.
El caso llegó finalmente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de las presentaciones realizadas por Quintián Rodríguez y Baigorria.
Los jueces del máximo tribunal resolvieron ahora desestimar esos recursos debido a falencias formales. De esta manera, quedaron firmes las condenas de cinco años y seis meses de prisión impuestas a ambos por la explotación y facilitación de la prostitución, con el agravante relacionado con la situación de vulnerabilidad de las víctimas.
La decisión de la Corte cerró así la instancia extraordinaria para los dos condenados y dejó vigente lo resuelto previamente por los tribunales que intervinieron en el proceso por la red que había funcionado en bares de Salvador Mazza.
