El camarista federal de Córdoba Abel Sánchez Torres fue procesado por los delitos de abuso de autoridad y lesiones graves, calificadas por mediar violencia de género, en el marco de una investigación que se inició a partir de la denuncia presentada por la secretaria judicial Celina Laje Anaya.
La causa judicial analizó, por un lado, presuntas irregularidades relacionadas con la integración de las salas de la Cámara Federal de Córdoba en expedientes vinculados con la causa “Bunge”. Por otro, investigó la denuncia presentada por Laje Anaya, quien señaló situaciones de presunto hostigamiento laboral.
Uno de los hechos considerados centrales en la investigación ocurrió en diciembre de 2023, cuando se tramitaba la causa denominada “Humanes”.
Según la resolución judicial, Sánchez Torres dispuso que la camarista Graciela Montesi integrara la Sala B, pese a que esa incorporación no se habría ajustado al procedimiento establecido para las subrogancias dentro del tribunal.
En ese contexto, Celina Laje Anaya, quien en ese momento se desempeñaba como secretaria penal de la Cámara, se negó a confeccionar el certificado necesario para formalizar la integración de Montesi.
La funcionaria consideró que la medida no respetaba las acordadas que regulaban la conformación de las salas y dejó registrada formalmente su objeción frente a la decisión.
A pesar de esa advertencia, Sánchez Torres firmó un decreto mediante el cual incorporó a Montesi y, además, le otorgó “preferente despacho” al expediente.
Para el juez federal N.º 2, Sánchez Freytes, los elementos reunidos durante la investigación permitieron sostener, en esta instancia, que el camarista avanzó con la medida pese a conocer previamente los cuestionamientos planteados sobre la integración.
Por ese episodio, el magistrado dictó el procesamiento de Sánchez Torres por abuso de autoridad.
La investigación también alcanzó a la camarista Graciela Montesi, aunque su situación procesal fue diferente. La magistrada fue sobreseída parcialmente en relación con el expediente “Humanes”, debido a que no se logró acreditar que hubiera participado de la decisión cuestionada.
La reconstrucción realizada durante la investigación indicó que el expediente no habría llegado a la vocalía de Montesi y que la camarista tampoco habría sido notificada sobre su incorporación a la Sala B.
De esta manera, la resolución judicial distinguió las responsabilidades atribuidas a cada uno de los integrantes del tribunal y mantuvo el procesamiento de Sánchez Torres por la decisión adoptada en el marco de la causa “Humanes”.
La investigación también contempló la denuncia de Celina Laje Anaya por presunto maltrato laboral, episodio por el cual Sánchez Torres quedó alcanzado por la acusación de lesiones graves calificadas por mediar violencia de género.
El expediente quedó así centrado en dos aspectos: las decisiones atribuidas al camarista en relación con la conformación de las salas de la Cámara Federal de Córdoba y la denuncia presentada por la secretaria judicial, dentro de una investigación que examinó el accionar del magistrado y las circunstancias que rodearon los hechos denunciados.
