La Justicia Federal de Caleta Olivia procesó a una empleada del Banco Nación por fraude contra la administración pública y violación de los deberes de funcionaria pública, tras detectarse maniobras ilegales en cuentas de ahorristas de esa localidad de Santa Cruz.
El procesamiento se resolvió luego de que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocara la homologación de un acuerdo de conciliación por 3 millones de pesos que la imputada había presentado junto al banco. El tribunal dio la razón a la Fiscalía, al considerar que los hechos “afectan la confianza pública y constituyen corrupción de agentes estatales”.
La investigación fue llevada adelante por la fiscalía federal de la Sede Fiscal Descentralizada de Caleta Olivia, a cargo del fiscal Lucas Colla, junto a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Según la causa, entre diciembre de 2021 y mayo de 2022 la trabajadora realizó extracciones no autorizadas de cajas de ahorro de siete clientes, causando un perjuicio de 948.600 pesos.
El caso comenzó cuando el Banco Nación detectó movimientos sospechosos en la sucursal de Caleta Olivia. Reportes internos alertaron sobre el accionar irregular de una de las empleadas, quien, según se comprobó con videos de seguridad y el análisis del sistema bancario, efectuó retiros “sin autorización de los titulares y en beneficio propio”.
Tras la denuncia, el Ministerio Público Fiscal solicitó en marzo de 2024 el llamado a indagatoria. El juzgado federal determinó que las maniobras respondían a un plan sostenido para obtener ingresos personales, aprovechando la confianza en el personal bancario y manipulando los sistemas de la entidad.
La imputación por fraude contra la administración pública y violación de deberes de funcionario público se basa en que Banco Nación es un organismo estatal, por lo que su personal se considera funcionario público. Según la reconstrucción judicial, la acusada utilizó sus credenciales y el acceso interno para concretar las extracciones, valiéndose de las autorizaciones que exige el sistema operativo para realizar transacciones ilegales.
La empleada y su defensa habían intentado un acuerdo de conciliación ofreciendo una reparación civil de 3 millones de pesos, superior al perjuicio causado. El juzgado federal lo homologó en un primer momento, pero la decisión fue apelada por el Ministerio Público Fiscal y la PIA. El fiscal Lucas Colla cuestionó la valoración de la prueba y pidió rechazar el acuerdo, remarcando que los hechos comprometían la confianza pública y se enmarcan en corrupción de agentes estatales.
La Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, con los jueces Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez, avaló la apelación y revocó la homologación, al considerar fundados los argumentos de la fiscalía. Subrayó que los hechos tienen gravedad institucional por quebrantar la confianza pública y tratarse de actos de corrupción dentro de una entidad financiera estatal.
Tras esa resolución, el juzgado federal procesó a la empleada. Las grabaciones que mostraron movimientos de dinero entre las cajas de ahorro de los clientes y el destino final del efectivo —colocado en su billetera y cuaderno— reforzaron las pruebas. El fallo destacó que las maniobras fueron para beneficio económico propio, en perjuicio de clientes y de la entidad, y que se aprovechó la estructura interna del banco para eludir controles.
Como medida cautelar, el juzgado dispuso un embargo de cinco millones de pesos sobre los bienes de la imputada, suma que cubre ampliamente el daño investigado. La causa continúa en el juzgado federal de Caleta Olivia bajo la supervisión del fiscal Lucas Colla, mientras se definen los próximos pasos de una investigación que expuso la vulnerabilidad de los clientes frente a fraudes internos en organismos estatales.
