La jueza Loretta Preska, del tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó que la Argentina transfiera el 51% de las acciones de YPF a los beneficiarios del histórico fallo por la expropiación de la petrolera. Se trata de una decisión de alto impacto que pone al país en una encrucijada legal, política y económica.
La orden judicial responde a la demanda impulsada por los fondos Burford Capital y Eton Park, que reclaman el pago de US$16.100 millones por la manera en que el Estado argentino estatizó la compañía en 2012, durante el gobierno de Cristina Kirchner. Al no haberse hecho efectivo ese pago, los demandantes solicitaron embargar activos del Estado.
Preska hizo lugar al pedido y resolvió que el país debe transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia en el Bank of New York Mellon (BNYM) en un plazo máximo de 14 días. Luego, BNYM deberá transferir la propiedad de esas acciones a los fondos demandantes o quienes ellos designen, en el término de un día hábil.
El fallo es un capítulo más en la larga batalla judicial por la nacionalización de YPF. En su resolución, la jueza también recordó que había solicitado información sobre otros activos de la Argentina, incluyendo oro y participaciones en otras compañías públicas, para garantizar el cumplimiento del fallo.
Aún no hubo una respuesta oficial del Gobierno nacional, pero se espera una reacción diplomática y legal ante una decisión que compromete el control estatal de la petrolera más importante del país.
