Un megaoperativo internacional contra la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes dejó un saldo de 84 detenidos tras una serie de procedimientos desplegados en 17 provincias argentinas, la Ciudad de Buenos Aires y otros 15 países.
El despliegue se llevó a cabo este miércoles y estuvo coordinado por el Cuerpo de Investigaciones Judiciales del Ministerio Público Fiscal porteño. En total, se realizaron 270 allanamientos en el marco de la operación denominada “Aliados por la Infancia VI”.
De ese total, 68 procedimientos se concretaron en Argentina, abarcando Capital Federal y las provincias de Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, Mendoza, Misiones, Neuquén, Buenos Aires, Salta, San Luis, Santa Cruz, Santiago del Estero, Santa Fe y Tucumán.
En el plano internacional, los operativos se distribuyeron en 159 allanamientos en Brasil; siete en Panamá y República Dominicana; cinco en Guatemala, Uruguay y Paraguay; cuatro en Costa Rica y España; tres en Perú; y uno en Puerto Rico, Honduras y Francia.
Como resultado de estos procedimientos, fueron detenidos 84 sospechosos acusados de tenencia, producción, distribución o facilitación de material de abuso sexual infantil. De ese total, 26 arrestos se registraron en Argentina y 58 en el resto del mundo, según confirmaron fuentes oficiales.
La investigación que dio origen al operativo fue impulsada por la fiscal Daniela Dupuy, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas. Desde allí se encomendó al CIJ la utilización de herramientas digitales como ICACCOPS/CPS, orientadas a detectar usuarios que distribuyen este tipo de contenido en redes P2P, junto con el análisis de reportes enviados por el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC).
A partir de estas tareas, la Unidad de Cibercrimen del CIJ logró identificar múltiples domicilios vinculados a la actividad ilícita: 15 en la Ciudad de Buenos Aires, 11 en Santa Cruz, ocho en la provincia de Buenos Aires, cuatro en Córdoba, Jujuy y Misiones, tres en Entre Ríos, Santa Fe, Mendoza y Chubut, dos en Catamarca y Salta, y uno en Chaco, Formosa, Neuquén, Tucumán, San Luis y Santiago del Estero. Esta información fue remitida a las jurisdicciones correspondientes para avanzar con las investigaciones y verificar los domicilios.
El fiscal general del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad, Martín López Zavaleta, destacó los resultados del operativo y subrayó la relevancia de la coordinación internacional. Señaló que la simultaneidad de allanamientos en distintos países implicó un gran esfuerzo organizativo y permitió desarticular redes dedicadas a la circulación de material de abuso sexual infantil.
En esa línea, explicó que las acciones no solo apuntaron a secuestrar equipos y detener a los involucrados, sino también a profundizar las investigaciones para determinar si los sospechosos participaron directamente en delitos de abuso contra menores.
Por su parte, la fiscal Dupuy indicó que la etapa siguiente consiste en el análisis de los dispositivos informáticos incautados. A partir de ese trabajo, se definirá si los casos avanzan a juicio o si se opta por vías alternativas, como acuerdos abreviados, siempre en diálogo con las defensas. Remarcó además la necesidad de actuar con rapidez y eficacia en este tipo de delitos.
La secretaria general del CIJ, Bárbara Moramarco, resaltó que la cooperación internacional resultó clave para el éxito del operativo, al tratarse de delitos de carácter transnacional que requieren un abordaje conjunto entre distintos países.
La iniciativa “Aliados por la Infancia” es una operación internacional coordinada desde Argentina que busca combatir la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes en entornos digitales. Está enfocada en investigar delitos vinculados a la tenencia, distribución y producción de material de abuso sexual infantil mediante acciones simultáneas en múltiples jurisdicciones.
El origen del operativo se remonta al trabajo conjunto entre la Embajada de Estados Unidos en Argentina, el Departamento de Seguridad Nacional estadounidense y el Ministerio Público Fiscal porteño, a través del CIJ.
Gracias a esta cooperación, el país firmó un acuerdo con el National Criminal Justice Training Center (Fox Valley Technical College), lo que permitió acceder al sistema ICACCOPS. Esta herramienta facilita la detección de usuarios que distribuyen contenido ilegal en redes P2P.
En paralelo, se incorporó la plataforma CPS, desarrollada por la organización Child Rescue Coalition, que permite identificar en tiempo real a personas involucradas en este tipo de delitos, fortaleciendo así las capacidades de investigación y prevención.
