La Procuración del Tesoro de la Nación presentó dos escritos ante el juzgado de Loretta Preska con el objetivo de suspender el fallo condenatorio que obliga al Estado argentino a pagar US$ 16.000 millones por el proceso de nacionalización de YPF, que implica además la entrega del 51% de las acciones de la petrolera.
Entre los principales argumentos, la defensa del Estado sostuvo que cumplir con la sentencia violaría la legislación nacional, ya que la entrega de acciones estatales requiere la aprobación del Congreso. Además, advirtieron que esa medida implicaría el despojo de la participación mayoritaria del país en la empresa, forzando un cambio de control que activaría cláusulas perjudiciales para los actuales accionistas.
En los escritos se remarcó que el caso YPF no es una disputa comercial convencional, sino un litigio sin precedentes que plantea complejas cuestiones jurídicas. Desde el punto de vista del Gobierno argentino, el fallo de Preska no solo es controvertido en el ámbito local, sino también en términos de derecho internacional y política exterior estadounidense.
Los abogados del Estado también aseguraron que la suspensión no generaría daños para los demandantes (los fondos Petersen/Eton y Bainbridge), ya que las leyes argentinas impiden vender acciones de YPF sin aval legislativo. A su vez, advirtieron que una ejecución inmediata podría perjudicar a terceros ajenos al juicio, como provincias y bonistas, e incluso activar cláusulas contractuales adversas para la compañía, lo que va en contra del interés público.
Otro punto planteado fue que, de realizarse la transferencia, debería instrumentarse mediante un nuevo contrato de custodia y en una cuenta bajo jurisdicción estadounidense, lo cual el Gobierno considera jurídicamente inválido.
La Procuración también insistió en que el caso presenta cuestiones legales que nunca fueron abordadas por tribunales de apelación, por lo que existe una alta probabilidad de que el fallo sea modificado o revertido.
Finalmente, en respuesta al fondo Petersen/Eton Park, que citó declaraciones del gobernador bonaerense Axel Kicillof, el equipo jurídico del Estado subrayó que Kicillof no forma parte del Gobierno nacional actual y que sus expresiones políticas no tienen impacto en la estrategia legal de la administración.
