Una entidad bancaria de la Ciudad de Buenos Aires debió reintegrarle el dinero a una clienta que había sido víctima de una estafa telefónica, luego de comprobarse que la comunicación utilizada para engañarla había salido desde un número oficial del banco.
La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía en lo Penal, Contravencional y de Faltas especializada en Ciberfraudes (FISEC), dirigida por Miguel Ángel Kessler, que logró reconstruir el hecho en pocos días.
La mujer realizó la denuncia correspondiente y, a partir de allí, se activó el protocolo que se aplica en los casos vinculados a defraudaciones de este tipo.
En ese marco, la FISEC interviene de manera inmediata con oficios dirigidos a las entidades financieras afectadas, ya sean bancos o billeteras virtuales, y también a las cuentas destinatarias de las transferencias sospechosas. El objetivo es bloquear preventivamente las cuentas y congelar los fondos por un plazo de 60 días.
Durante ese período, las entidades deben informar a la fiscalía cuál es el saldo disponible, si el dinero permanece en la cuenta o billetera virtual y, en caso de que los fondos hayan sido transferidos nuevamente, aportar los datos de los nuevos destinatarios.
