El exintendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo “Conejo” Martínez, quedó imputado como presunto jefe de una asociación ilícita destinada al lavado de activos de origen delictivo. En el marco de la causa federal, el juez de Garantías de Orán, Gustavo Montoya, ordenó su prisión preventiva por dos meses y fijó un período de seis meses para el desarrollo de la investigación.
La resolución se adoptó durante una audiencia de formalización impulsada por la Procuraduría de Narcocriminalidad del Noroeste Argentino (PROCUNAR NOA). Martínez fue detenido después de presentarse en una dependencia policial de Salta, tras permanecer prófugo desde el sábado anterior.
La causa investiga una presunta estructura que habría utilizado empresas y contrataciones de la Municipalidad de Aguas Blancas para introducir en el circuito legal fondos provenientes del narcotráfico, el contrabando y otras actividades ilícitas.
Entre las hipótesis que analiza la fiscalía también figura la posibilidad de que una parte del dinero se destinara a la compra de votos durante la campaña electoral de 2023 y al pago de protección para funcionarios. Estos puntos integran la acusación y deberán ser acreditados a lo largo del proceso judicial.
La investigación comenzó aproximadamente dos años atrás. Según la fiscalía, las maniobras bajo sospecha continuaron incluso después de que Martínez dejara la intendencia, en septiembre de 2024.
En la audiencia participaron la fiscal general adjunta Mariana Gamba Cremaschi, en representación de PROCUNAR NOA; el fiscal coadyuvante Ezequiel Coscia, y el fiscal Alberto Barbuto, integrante de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC).
Los allanamientos y las primeras detenciones
El sábado 3 de octubre de 2026, Gendarmería Nacional llevó adelante 32 allanamientos como parte de la causa federal. Los operativos terminaron con 11 personas detenidas, entre ellas familiares del exintendente y dos contadores, de acuerdo con la información difundida sobre el expediente.
El martes 6 de octubre, la fiscalía formalizó la imputación contra ese grupo por su presunta participación en la organización investigada. Siete de los acusados quedaron bajo prisión preventiva, mientras que los demás recibieron medidas cautelares menos restrictivas.
Martínez no fue detenido durante esos procedimientos. De acuerdo con lo expuesto por los investigadores, el exjefe comunal habría recibido información anticipada sobre los operativos judiciales.
Finalmente, el miércoles 7 de octubre se presentó en una dependencia policial de Orán y quedó a disposición de la Justicia.
Por qué le dictaron prisión preventiva
El juez Gustavo Montoya formalizó la imputación contra Martínez como presunto jefe de una asociación ilícita con fines de lavado de activos y dispuso que permaneciera dos meses bajo prisión preventiva. La fiscalía había solicitado esa medida al considerar que existían riesgos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
Además, se determinó que el exintendente fuera trasladado al penal de Villa Las Rosas.
La defensa cuestionó la decisión judicial y planteó que Martínez tenía problemas de salud, con antecedentes de intervenciones quirúrgicas en la cabeza. Sin embargo, durante la audiencia presentó una única constancia médica que correspondía a cuatro meses antes.
Frente a ese argumento, la fiscalía incorporó documentación de la clínica donde había sido atendido el exfuncionario. Según señalaron los acusadores, los registros médicos reflejaban una evolución favorable de su estado de salud.
Para fundamentar el pedido de prisión preventiva, los fiscales también mencionaron la proximidad de Aguas Blancas con Bolivia, la capacidad económica que le atribuyeron a Martínez y los vínculos que habría conservado en la región a partir de su trayectoria política.
Desde la acusación sostuvieron que esos factores aumentaban la posibilidad de que el exintendente volviera a sustraerse de la Justicia, luego de haber permanecido prófugo antes de presentarse ante las autoridades.
Los antecedentes judiciales de Carlos Martínez
La situación judicial de Martínez acumuló antecedentes desde noviembre de 2023, cuando su hermano, César “Oreja” Martínez, fue asesinado en San Ramón de la Nueva Orán.
En abril de 2024, la vivienda del entonces intendente de Aguas Blancas fue allanada en el marco de la investigación por ese homicidio. Meses después, en septiembre de ese año, el exjefe comunal fue detenido bajo sospecha de haber entorpecido la pesquisa.
En ese expediente se investigaba una presunta filtración de información reservada relacionada con medidas judiciales. En octubre de 2024, Martínez obtuvo el beneficio de la prisión domiciliaria.
No obstante, la nueva causa que derivó en su actual imputación se tramita en el fuero federal y aborda hechos diferentes. El expediente busca determinar si existió una organización dedicada a lavar dinero procedente del narcotráfico, el contrabando y otros delitos, mediante el uso de empresas y contrataciones municipales.
Aunque ambos procesos judiciales involucran al exintendente de Aguas Blancas, corresponden a investigaciones separadas y analizan presuntas conductas distintas. La responsabilidad de Martínez en la causa por lavado de activos deberá determinarse a partir de las pruebas reunidas durante el proceso judicial.
