Estados Unidos levantó las sanciones contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, al eliminar su nombre de la denominada “Lista de Nacionales Especialmente Designados” del Departamento del Tesoro, en una decisión que marca un nuevo paso en el proceso de acercamiento entre Washington y Caracas.
La medida fue confirmada mediante una publicación en el sitio oficial de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, donde se informó que la dirigente chavista dejó de formar parte del listado de personas sancionadas por el gobierno estadounidense.
Rodríguez asumió el poder tras el derrocamiento de su antecesor, Nicolás Maduro, impulsado por Washington. Con esta decisión, Estados Unidos dio una señal política directa hacia la nueva conducción venezolana, en medio de negociaciones que se desarrollan desde comienzos de año.
Tras conocerse la noticia, la presidenta encargada valoró públicamente la medida. A través de su cuenta en X, Rodríguez expresó: “Valoramos la decisión del presidente Donald Trump como un paso en la dirección de la normalización y fortalecimiento de las relaciones entre nuestros países. Confiamos en que este avance permita el levantamiento de las sanciones vigentes sobre nuestro país y facilite una agenda de cooperación binacional efectiva en beneficio de nuestros pueblos. ¡Sigamos avanzando en la construcción de una Venezuela próspera para todos!”.
La eliminación de su nombre representa uno de los movimientos más relevantes del proceso de normalización impulsado por la administración Trump desde la captura de Maduro el 3 de enero. Rodríguez había sido incluida en la lista negra en septiembre de 2018, acusada de corrupción y violaciones a los derechos humanos. Durante casi ocho años, sus activos en territorio estadounidense permanecieron bloqueados y se prohibieron transacciones con ciudadanos y empresas de ese país, restricciones que ahora quedan sin efecto.
El levantamiento de las sanciones personales no se produjo de manera aislada. Forma parte de una negociación gradual iniciada tras la salida de Maduro del país. Entre enero y marzo de 2026, el Departamento del Tesoro emitió al menos doce licencias que habilitaron progresivamente distintos sectores de la economía venezolana bajo supervisión estadounidense, sin eliminar completamente las sanciones formales.
Cada flexibilización respondió a decisiones adoptadas por el gobierno de Rodríguez. Entre las medidas implementadas, se destacan la reorganización de la cúpula militar, la reapertura de la industria petrolera a capital extranjero y la promulgación de una ley de amnistía que permitió la liberación de presos políticos.
Además, Rodríguez desplazó del Ministerio de Defensa a Vladimir Padrino López, quien permanecía en el cargo desde hacía más de once años, y desmanteló organismos vinculados a la estructura chavista, incluyendo el centro de coordinación de inteligencia estatal. Estas decisiones contaron con el respaldo de Washington.
El proceso avanzó rápidamente. El 13 de marzo, el Tesoro estadounidense levantó restricciones al sector energético y petroquímico, autorizando operaciones con la petrolera estatal PDVSA bajo control estadounidense y excluyendo a China, Rusia e Irán. Dos semanas después, también se habilitaron transacciones vinculadas al sector minero, incluido el oro.
Posteriormente, el 30 de marzo, la embajada estadounidense en Caracas retomó oficialmente sus actividades, poniendo fin a una ruptura diplomática que se mantenía desde 2019.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destacó que la administración de Rodríguez mostró disposición para trabajar con Estados Unidos. Según explicó, la estrategia de Washington apunta a dirigir las ventas y los ingresos del petróleo venezolano con el objetivo de limitar la influencia de sus adversarios en el sector energético.
El esquema implementado contempla que los ingresos petroleros se depositen en cuentas bajo control del Tesoro estadounidense, mientras que las empresas autorizadas operan mediante licencias que pueden ser revocadas en cualquier momento. Además, cualquier acuerdo con China, Rusia o Irán requiere aprobación previa de Washington.
Sin embargo, la decisión también generó críticas. Algunos sectores advierten que no se registran avances sustanciales en materia de derechos humanos ni existe una hoja de ruta clara hacia elecciones libres. Activistas señalan que la ley de amnistía se aplica de forma selectiva y que cerca de 500 presos políticos continúan detenidos.
En paralelo, la oposición democrática intenta reorganizarse en un escenario donde la interlocución con Occidente continúa en manos de una figura surgida del núcleo del chavismo.
Para Rodríguez, el levantamiento de las sanciones personales representa un reconocimiento político que venía reclamando desde hacía meses. No obstante, la medida no implica el fin del régimen general de sanciones que aún pesa sobre PDVSA y la estructura del gobierno venezolano.
La diferencia marca los límites del acuerdo: Rodríguez obtiene legitimidad internacional para negociar, pero el control de activos y sectores estratégicos del país continúa bajo supervisión de Washington.
