El fiscal Carlos Stornelli requirió este martes que se inicie una causa para determinar si existió una maniobra de espionaje ilegal destinada a grabar conversaciones privadas de integrantes del Gobierno, entre ellas de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. La decisión se dio en el marco de la denuncia formulada por el Poder Ejecutivo tras la difusión de audios que habrían sido obtenidos y editados de forma clandestina.
No obstante, Stornelli puso límites claros a la investigación: “no se podrá hurgar en las fuentes de los periodistas, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, ello por mandato constitucional”. En la misma línea, subrayó que rige la inviolabilidad del domicilio, salvo que un juez competente dicte una orden fundada.
El pronunciamiento respondió a un planteo del abogado del Ministerio de Seguridad, Fernando Soto, quien había solicitado allanar el canal de streaming Carnaval —difusor de los audios atribuidos a Diego Spagnuolo y Karina Milei— y requisar los domicilios de comunicadores y empresarios vinculados al medio. Stornelli rechazó esa posibilidad, aunque aclaró que nada impide que periodistas aporten datos de manera voluntaria si consideran que pueden contribuir al esclarecimiento de los hechos.
En su dictamen, el fiscal describió que la denuncia oficial señala la captación ilegal de comunicaciones privadas, su posterior manipulación y difusión en redes sociales y medios de prensa. Según el Gobierno, el objetivo de estas maniobras sería dañar la imagen de la administración, influir en la opinión pública, generar alarma social, condicionar el proceso electoral y hasta interferir en el funcionamiento de los poderes del Estado. También se menciona un posible trasfondo destituyente.
La presentación sostiene, además, que algunos funcionarios habrían sido víctimas de chantaje y que las grabaciones ilegítimas no se limitaron a Karina Milei, sino que habrían comenzado con otros dirigentes públicos. Por esta razón, Stornelli remarcó que la investigación alcanzará no solo a las escuchas difundidas, sino también a los actos preparatorios que pudieron haberlas originado.
El fiscal federal indicó que la competencia corresponde al fuero nacional porque los hechos habrían afectado a funcionarios de alto rango y ocurrido en ámbitos bajo jurisdicción del Gobierno central. Asimismo, consideró que los audios difundidos son “ilegítimos” por haberse obtenido y puesto en circulación de manera clandestina.
En ese marco, Stornelli dispuso que se adopten las medidas de prueba necesarias para esclarecer si existió una operación de inteligencia ilegal y determinar quiénes fueron sus responsables, cómplices, encubridores o instigadores.
