La Policía Federal Argentina (PFA) desarticuló una organización criminal vinculada con el intento de robo a una entidad bancaria del partido bonaerense de San Isidro, donde sus integrantes habían construido un túnel clandestino con el objetivo de llegar hasta las bóvedas. La investigación permitió establecer que la banda no había abandonado sus actividades y que, además, proyectaba cometer nuevos asaltos contra otras entidades bancarias de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.
Como resultado de una investigación que derivó en un amplio despliegue policial, se concretaron 19 allanamientos y fueron detenidos tres hombres, entre ellos quien sería el principal responsable de la estructura delictiva. Los otros dos arrestados también quedaron vinculados con la organización, investigada además por una serie de robos cometidos en propiedades pertenecientes a personas de alto poder adquisitivo.
Los tres detenidos son mayores de edad y quedaron, al igual que los demás imputados, a disposición del magistrado interviniente. La causa contempla las figuras de robo agravado en grado de tentativa y daño agravado, este último por tratarse de acciones ejecutadas sobre bienes de valor científico, cultural o de uso público.
El procedimiento se desarrolló en el marco de un operativo supervisado por el Ministerio de Seguridad Nacional. A través del Departamento Federal de Investigaciones (DFI), la Policía Federal avanzó sobre una estructura criminal relacionada con el frustrado asalto a una reconocida sucursal bancaria de San Isidro y que, de acuerdo con las pruebas reunidas, tenía previsto repetir una maniobra similar en otros establecimientos.
Cómo descubrieron el túnel de 150 metros en San Isidro
El origen de la investigación se remonta a agosto de 2024. En aquella oportunidad, un transeúnte encontró accidentalmente una varilla metálica en la vía pública, un elemento que terminó dando lugar a un procedimiento de la Policía Bonaerense.
A partir de ese hallazgo, los efectivos realizaron las primeras actuaciones y descubrieron un túnel clandestino de aproximadamente 150 metros de longitud. La excavación comenzaba en un local comercial y avanzaba en dirección a las bóvedas de una sucursal bancaria situada sobre la calle Chacabuco al 400, en el partido de San Isidro.
En ese primer tramo de la causa, las autoridades consiguieron identificar y detener a quienes habían realizado materialmente la excavación. Se trataba de cuatro hombres de nacionalidad uruguaya y de otro individuo conocido con el apodo de “Johny”, señalado como la persona que habría tenido a su cargo el traslado fluvial clandestino desde el vecino partido de Tigre.
Sin embargo, aquella investigación no consiguió establecer completamente cómo se había originado el financiamiento de la organización ni cuáles habían sido los mecanismos utilizados para sostener económicamente sus actividades. Tampoco se pudo determinar quiénes habían intervenido en el alquiler del inmueble comercial desde el cual se construyó el pasadizo subterráneo.
Los nuevos robos que preparaba la organización
Un año después de aquel episodio, una presentación digital formalizada ante el Ministerio de Seguridad Nacional permitió reactivar y ampliar las líneas investigativas. La denuncia puso en conocimiento de las autoridades la existencia de una estructura criminal integrada por ciudadanos argentinos, uruguayos e italianos.
Las averiguaciones permitieron establecer que sus integrantes no solamente tenían una relación directa con el frustrado robo en San Isidro, sino que también preparaban otros dos asaltos mediante una modalidad similar.
Los objetivos identificados eran dos sucursales pertenecientes a la misma entidad bancaria. Una estaba ubicada sobre la calle Quintana, en el barrio porteño de Recoleta, mientras que la otra se encontraba en la localidad bonaerense de Chivilcoy.
De esta manera, la investigación dejó al descubierto que la organización mantenía planes para concretar nuevos golpes contra establecimientos bancarios, lo que impulsó el avance de las tareas destinadas a identificar a todos los integrantes y colaboradores de la estructura.
Los 19 allanamientos y las detenciones
El avance de la pesquisa y la acumulación de elementos probatorios permitieron reconstruir el funcionamiento interno de la banda. Los investigadores lograron identificar a las personas que intervenían en el financiamiento de las operaciones, a los testaferros y a quienes brindaban asesoramiento técnico para sostener las maniobras delictivas.
Con esas evidencias, el Juzgado de Garantías N° 1 de San Isidro, a cargo de Ricardo José Costa, dispuso la realización de 19 procedimientos simultáneos en distintos puntos del territorio bonaerense y de la Ciudad de Buenos Aires.
Los operativos alcanzaron domicilios ubicados en la Ciudad de Buenos Aires y en las localidades de Ciudad Evita, Ramos Mejía, Rafael Castillo, Ituzaingó, Merlo, Avellaneda, Villa Domínico, La Plata y Turdera.
Además, las medidas judiciales se extendieron a establecimientos penitenciarios: la Unidad Penitenciaria N° 2 de Sierra Chica y el Complejo Penitenciario Federal N° 1 de Ezeiza.
El despliegue permitió detener al presunto líder de la organización y a otros dos sospechosos, en el marco de una causa que logró avanzar sobre la estructura económica, logística y técnica que se encontraba detrás del intento de robo mediante el túnel de San Isidro.
De esta manera, la Policía Federal desarticuló una banda que había quedado bajo investigación por la excavación clandestina de un extenso pasadizo subterráneo y que, según las pruebas incorporadas al expediente, proyectaba repetir ese tipo de maniobra en otras dos sucursales bancarias.
