Una presunta organización dedicada a la importación, distribución y comercialización masiva de TV Boxes adulterados fue desarticulada tras una investigación judicial que permitió identificar a ocho personas involucradas en la maniobra. Como resultado de los procedimientos, las autoridades secuestraron alrededor de 10 mil dispositivos, además de diverso material considerado relevante para la causa.
La investigación está a cargo de la Fiscalía de Cibercrimen de San Isidro y derivó en una serie de allanamientos ordenados por el Juzgado de Garantías N.° 4 de ese distrito. Según informó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), del operativo también participaron efectivos de la DDI San Isidro de la Policía Bonaerense y de la División Investigaciones de Organizaciones Criminales de la Policía de la Ciudad.
Las tareas investigativas permitieron establecer la identidad de ocho sospechosos que se encargaban de abastecer el mercado local mediante la importación de estos dispositivos desde China y Paraguay. Durante la pesquisa también se comprobó que los equipos funcionaban con malware, es decir, un sistema operativo diseñado para vulnerar la seguridad de los usuarios y obtener información personal de quienes los utilizaban.
En el avance de la causa también resultó clave la colaboración de LALIGA, que aportó evidencia e inteligencia técnica para fortalecer la investigación. A su vez, Mercado Libre contribuyó con un análisis de su plataforma, relacionando datos de vendedores digitales con información obtenida del circuito físico de comercialización.
Gracias a ese trabajo conjunto, los investigadores lograron detectar a más de 500 comerciantes que ofrecían TV Boxes ilegales con aplicaciones de streaming pirata preinstaladas, entre ellas Magis TV, My Family Cinema y Xuper TV.
De acuerdo con las estimaciones difundidas en la investigación, en la Argentina circulan alrededor de un millón y medio de estos dispositivos por año. Sin embargo, menos de la mitad ingresaría al país mediante canales oficialmente declarados ante la Aduana, mientras que cada unidad tiene un valor aproximado de 50 dólares.
Por último, la información incorporada al expediente señala que existen al menos 8 millones de usuarios pagos comprobados de este tipo de servicios ilegales, aunque el potencial de utilización en toda la región podría alcanzar los 20 millones de personas.
