Un hombre fue condenado a tres años de prisión en suspenso por encabezar una organización criminal dedicada a la falsificación y comercialización de licencias de conducir falsas en la Ciudad de Buenos Aires.
Según informaron fuentes del Ministerio Público Fiscal porteño, la causa comenzó luego de un operativo de control realizado por efectivos de la Policía de la Ciudad, quienes detectaron inconsistencias en un registro de conducir presentado durante una inspección.
Ante esta situación, los agentes dieron intervención a la fiscalía de turno, secuestraron la licencia sospechosa y la sometieron a una pericia técnica. Los análisis confirmaron posteriormente que el documento era apócrifo.
A partir de ese hallazgo, el entonces fiscal Néstor Maragliano —actual secretario general de Política Criminal del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad— ordenó diversas medidas investigativas. Con el avance de las tareas se logró descubrir una red que, durante aproximadamente un año, se dedicó a captar clientes, confeccionar documentación falsa y vender licencias de conducir ilegales.
En el marco de la investigación participaron integrantes del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ), quienes utilizaron la figura de “agente revelador”. Un investigador encubierto se hizo pasar por comprador y solicitó una licencia falsa a través de un número de WhatsApp utilizado por la organización.
La operación permitió concretar la compra del documento en el barrio porteño de Parque Patricios, donde fue detenido el vendedor, identificado como “Matías”, señalado como una pieza clave dentro de la estructura delictiva.
De acuerdo con la investigación, el acusado recibía los datos personales de los interesados, ofrecía las licencias falsas mediante redes sociales y aplicaciones de mensajería, coordinaba pagos en efectivo o por billeteras virtuales y organizaba la entrega de la documentación adulterada.
Posteriormente, las autoridades realizaron un allanamiento en una vivienda del barrio de Almagro. Allí secuestraron 53 licencias de conducir falsas emitidas a nombre de distintas personas, además de cuadernos con anotaciones consideradas relevantes para la causa, teléfonos celulares y computadoras.
Los dispositivos electrónicos fueron peritados por el CIJ y, según indicaron las fuentes, contenían conversaciones comprometedoras que sirvieron como prueba en el expediente judicial.
Finalmente, el imputado fue condenado en el marco de un juicio abreviado a tres años de prisión en suspenso por los delitos de asociación ilícita y falsificación de documentación pública y privada. Además, deberá cumplir distintas reglas de conducta impuestas por la Justicia.
