La Corte Suprema de Justicia dejó firmes las condenas por peculado contra ocho exfuncionarios de Río Negro involucrados en una causa que investigó el cobro de sobresueldos mediante un esquema de pagos realizado por fuera de los canales formales del Estado provincial.
La decisión fue adoptada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron los recursos extraordinarios presentados por las defensas. Según sostuvo el máximo tribunal, los planteos no lograron refutar “todos y cada uno” de los fundamentos expuestos en la sentencia cuestionada.
De esta manera, quedaron confirmadas las condenas de tres años y seis meses de prisión para César Barbeito, exministro de Coordinación, y Francisco González, exsecretario General de la Gobernación. Asimismo, quedaron firmes las penas de dos años y seis meses de prisión para los exministros Omar Contreras, Cristina Uría, Juan Accatino, Alfredo Pega y Diego Larreguy, además del extesorero José Ongaro.
La investigación judicial se enfocó en un sistema de pago de adicionales implementado durante las gestiones del entonces gobernador Miguel Saiz. El mecanismo funcionaba mediante un decreto que autorizaba a determinados funcionarios a retirar fondos de una entidad bancaria para luego distribuirlos entre funcionarios y agentes estatales. Entre esos pagos se encontraban suplementos por dedicación exclusiva destinados a autoridades superiores, abonados fuera de los procedimientos habituales de liquidación salarial.
El sistema contemplaba la emisión de cheques a nombre de funcionarios para su cobro directo por ventanilla bancaria. Esa modalidad permitía sustraer los fondos de los controles administrativos establecidos y evitaba que los montos quedaran registrados dentro de las liquidaciones formales de haberes.
El juicio oral se llevó a cabo en 2018 y concluyó con las condenas de los acusados. Más tarde, en 2020, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro ratificó las penas por el delito de peculado. Tras una nueva serie de recursos impulsados por las defensas, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió finalmente dejar firme la sentencia, cerrando así el recorrido judicial de la causa.
