El Banco Mundial aprobó este martes un paquete de financiamiento por US$ 2.000 millones para la Argentina, una iniciativa destinada a promover la creación de empleo, incentivar la inversión y reforzar la estabilidad económica del país.
La decisión fue adoptada tras una reunión conjunta entre el Directorio del Banco Mundial y la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA, por sus siglas en inglés), organismos que dieron luz verde a una estructura financiera diseñada para respaldar la agenda de reformas impulsada por el Gobierno nacional y contribuir a recuperar el acceso argentino a los mercados internacionales de capital.
Según informó el organismo, la operación permitirá reducir los costos de financiamiento para el país y acompañará una serie de reformas orientadas a fomentar el empleo, atraer inversiones en infraestructura y ampliar la inclusión financiera de las pequeñas empresas, entre otros objetivos.
El esquema aprobado combina dos instrumentos de garantía del Grupo Banco Mundial con el objetivo de movilizar hasta US$ 2.000 millones en préstamos comerciales. Por un lado, se utilizará una garantía basada en políticas (Policy-Based Guarantee, PBG) otorgada por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), mientras que por otro se sumará una garantía de la Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones (MIGA).

En conjunto, ambas coberturas representan el 95% de los compromisos que la Argentina deberá afrontar en concepto de vencimientos de deuda. Durante julio, el país deberá hacer frente a pagos por aproximadamente US$ 4.300 millones.
Desde la consultora PUENTE sostuvieron que el Gobierno ya cuenta con los recursos necesarios para afrontar esos compromisos. Eric Ritondale, economista jefe de la firma, señaló que las recientes mejoras en las calificaciones crediticias soberanas, junto con el respaldo de estos avales internacionales, permiten fortalecer la capacidad del equipo económico para cumplir con sus obligaciones financieras y reducir los riesgos de refinanciación, mejorando las condiciones crediticias de cara al próximo proceso electoral.
Por su parte, Susana Cordeiro Guerra, vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, afirmó que la estructura de garantías facilitará el regreso del país a los mercados internacionales de capital al posibilitar financiamiento en condiciones más favorables. Además, destacó que las medidas respaldan reformas destinadas a potenciar la inversión privada, elevar la productividad y fortalecer la resiliencia económica a largo plazo.
Las garantías otorgadas por el BIRF y la MIGA estarán orientadas a impulsar la participación del capital privado en proyectos de infraestructura, promover una mayor competencia en distintos mercados y mejorar el clima de negocios para las empresas. El préstamo comercial respaldado contará con un plazo total de seis años y un período de gracia de tres años.
Durante su visita a Washington, el ministro de Economía, Luis Caputo, mantuvo reuniones con diversos organismos multilaterales, entre ellos el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Como resultado de esos encuentros, se confirmó la aprobación de la segunda revisión del acuerdo con el FMI, que implica un desembolso de US$ 1.000 millones. A ello se suman los US$ 2.000 millones obtenidos a través del Banco Mundial y la expectativa de recibir otros US$ 550 millones por parte del BID. Además, permanece en análisis una línea de financiamiento adicional de la CAF por un monto que oscilaría entre US$ 250 millones y US$ 500 millones.
En paralelo, el viceministro de Economía, José Luis Daza, mantuvo este martes un encuentro con el presidente del BID, Ilan Goldfajn. Se espera que durante los próximos días haya una definición respecto del desembolso previsto por ese organismo.
Tras la reunión, Goldfajn destacó en sus redes sociales los avances alcanzados por la Argentina en materia de estabilidad macroeconómica. En ese sentido, aseguró que el país ha logrado progresos significativos para sentar las bases del crecimiento, la generación de empleo y la reducción de la pobreza, y explicó que dialogaron sobre mecanismos para ampliar la disponibilidad de recursos para la Argentina, incluyendo el uso de garantías del BID.
