El Juzgado Federal número 2 de Lomas de Zamora comenzó esta semana con el análisis de los teléfonos celulares que habían sido secuestrados a integrantes de la organización narco investigada por el hallazgo de 783 kilos de cocaína en un complejo de cabañas de la región neuquina de Caviahue.
La medida judicial apuntó a reconstruir los contactos, el financiamiento y las conexiones que había mantenido la estructura criminal. De acuerdo con la investigación, la organización había desarrollado operaciones desde Perú hasta España, con circulación por Argentina y Chile, y había combinado transporte marítimo, logística terrestre y el uso de empresas pantalla.
La causa se había iniciado a partir del operativo denominado “Infierno Blanco”, que había sido desplegado el 4 de julio de 2024 por efectivos de Gendarmería Nacional y Prefectura Naval Argentina. El procedimiento había terminado con siete personas procesadas con prisión preventiva.
Entre los procesados se encontraba Gerardo David Salinas, alias “El Negro”, quien había sido señalado como uno de los organizadores de la estructura. También figuraba Ileana Mariela Bolzán, considerada por los investigadores como una pieza central dentro de la organización.
Además, un octavo imputado había quedado con falta de mérito, mientras que otro hombre señalado como integrante de la banda permanecía prófugo, según había informado la fiscalía.
La investigación había quedado a cargo de la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR) y había relacionado el cargamento encontrado en Caviahue con otros importantes procedimientos atribuidos a la misma red.
Entre esos antecedentes figuraban los 1.460 kilos de cocaína secuestrados en 2020 a bordo del velero Thorben y los 1.548 kilos de droga incautados en 2022 durante un operativo realizado en Canning y Escobar.
El peritaje de los dispositivos había buscado determinar, entre otros aspectos, quién había financiado el cargamento que llegó a Caviahue. En ese sentido, la investigación había puesto el foco en una empresa ganadera de Buenos Aires que había pagado 680.000 pesos por el alquiler de las cabañas utilizadas por los integrantes de la organización.
Los investigadores también habían intentado establecer cuál había sido el alcance de la estructura logística que permitió sostener las operaciones en la zona cordillerana. Para esos movimientos, la banda había utilizado al menos cuatro camionetas y había alquilado motos de nieve para desplazarse por el área.
La causa también había quedado relacionada con dos hechos de sangre. La Justicia había vinculado al cargamento de Caviahue los asesinatos de Marcelo González Algerini, ocurrido en Pilar, y de Fabián Sturm Jordan, cometido en Recoleta.
Una resolución judicial que había sido conocida durante este año y que había involucrado al sicario que ejecutó esos crímenes había vuelto a mencionar la investigación por el cargamento de Caviahue y los antecedentes relacionados con González Algerini.
Ahora, el análisis de los dispositivos secuestrados había quedado como una de las medidas centrales para profundizar la investigación. El material incluía teléfonos celulares, computadoras y sistemas de comunicación HT, que habían sido incautados durante ocho allanamientos simultáneos realizados en Córdoba, la Ciudad de Buenos Aires y distintos puntos de la provincia de Buenos Aires.
Fuentes judiciales habían señalado que el resultado de esas pericias podría ser determinante para avanzar en el expediente y, eventualmente, formular nuevas imputaciones contra personas que pudieran haber tenido participación en la organización investigada.
