Un inspector de la Policía Federal enfrentará un juicio oral acusado de asesinar a su pareja, quien también formaba parte de una fuerza de seguridad, en un hecho ocurrido el 8 de diciembre pasado en el barrio porteño de Liniers. El imputado, Julián Ariel Urcelay, está señalado por haber golpeado y efectuado disparos que causaron la muerte de Fabiana Soledad Viyagra, para luego alterar la escena y hacerla pasar por un suicidio.
La jueza Carina Nancy Rodríguez, titular del Juzgado N°29, hizo lugar al requerimiento del fiscal Alberto Adrián María Gentili para que el efectivo, que se desempeñaba en la División Compras y Contrataciones, sea juzgado por el femicidio de su pareja.
De acuerdo con la acusación, Urcelay mantuvo una discusión con Viyagra, la agredió físicamente y después le disparó dos veces en la cabeza con su arma reglamentaria. Tras el hecho, habría modificado el lugar del crimen para simular que la mujer se había quitado la vida.
Entre las pruebas reunidas se indicó que “la primera detonación el imputado la habría efectuado a una distancia mayor a los cincuenta centímetros (50 cm.) del cuerpo de la víctima y el proyectil ingresó a nivel del tercio medio de la zona submaxilar derecha del rostro y egresó por la región frontoparietal izquierda del cráneo”, mientras que “para efectuar el segundo disparo, el encausado habría apoyado el cañón de la pistola sobre la región temporal derecha del cuero cabelludo de la víctima”.
Tras el crimen el hombre acomodó la escena para reforzar la hipótesis de un suicidio y llamó al 911. Al lugar acudieron efectivos de la Comisaría Vecinal 9A de la Policía de la Ciudad y una ambulancia del SAME, cuyos profesionales constataron el fallecimiento de Viyagra.
Aunque Urcelay optó por no declarar en sus dos primeras indagatorias, en una tercera instancia, solicitada por su defensa, presentó un descargo. Allí relató que había discutido con la víctima con la intención de separarse y que, en medio de la pelea, ella se dirigió al dormitorio para preparar una valija y abandonar el departamento.
Desde el Ministerio Público Fiscal señalaron que, mientras él estaba en la cocina, escuchó “dos detonaciones prácticamente simultáneas, con menos de un segundo de diferencia”. Luego, según su versión, fue hasta la habitación y encontró a Viyagra “en el piso, con la cabeza dentro del placar”. Sostuvo que la mujer tomó su arma reglamentaria, guardada en la parte superior del armario, y se disparó.
Sin embargo, los elementos reunidos por la fiscalía —con intervención de la Sección Investigación Científica Escena del Crimen I y de las Divisiones Homicidios y Balística de la Policía de la Ciudad—, sumados a testimonios de vecinos y allegados a la víctima y a la autopsia realizada por el Cuerpo Médico Forense, apuntaron a un escenario diferente.
En ese marco, los tanatólogos de la Morgue Judicial indicaron que “si bien no se puede descartar la posibilidad de que la nombrada pueda efectuar un segundo disparo es muy poco probable esa situación, dadas las lesiones de destrucción anatómica encefálica producto del mismo”. Añadieron que “las heridas provocadas por cada uno los disparos, en forma aislada o individual, son idóneas para causar la muerte. Las lesiones intracraneanas observadas permiten expresar que, cada una por separado, hubiesen provocado la muerte”.
“Además de descartarse la hipótesis del suicidio ante las lesiones intercraneanas causadas por el paso del primer proyectil, luce irracional que la nombrada mediante el uso de una pistola se haya efectuado un primer disparo a más de cincuenta centímetros por debajo de su maxilar para luego efectuar una segunda detonación con el cañón apoyado en su cráneo”, subrayó el representante del MPF.
El 29 de diciembre, la jueza Rodríguez procesó con prisión preventiva a Urcelay como presunto autor del delito de homicidio agravado por haber sido cometido contra la persona con la que mantenía una relación de pareja.
Posteriormente, el 16 de enero, la fiscalía solicitó la elevación a juicio. En esa oportunidad, la defensa de Urcelay se opuso a que la causa avanzara a esa instancia y pidió el sobreseimiento del inspector, al sostener que “la instrucción no se encontraba completa, que no se había acreditado, con el grado de probabilidad exigido, el hecho ni la autoría, y que subsistían dudas razonables no despejadas, derivadas principalmente de la omisión de producción de prueba”.
No obstante, el 29 de enero la magistrada rechazó el pedido de sobreseimiento planteado por la defensa, dispuso la clausura de la etapa de instrucción y resolvió elevar el expediente a juicio oral.


