En su penúltima sesión extraordinaria, el Senado dio luz verde este jueves por la noche a una serie de modificaciones a la Ley de Glaciares y ahora la definición final quedó en manos de la Cámara de Diputados. Al momento de votar en general y en particular, el texto reunió 40 adhesiones frente a 31 rechazos, con la abstención de la neuquina Julieta Corroza. El proyecto generó fracturas en distintas bancadas, con excepción de La Libertad Avanza, el espacio que conduce Patricia Bullrich en la Cámara alta.
Tal como se anticipaba, los senadores del interbloque cristinista Lucía Corpacci (Catamarca) y Sergio Uñac (San Juan) respaldaron la propuesta impulsada por la Casa Rosada. También lo hicieron los recientemente escindidos del kirchnerismo Guillermo Andrada (Catamarca), Carolina Moisés (Jujuy) y Sandra Mendoza (Tucumán), tras meses de tensiones internas.
Uno de los puntos que despertó mayores cuestionamientos fue el artículo séptimo del dictamen —modificado horas antes del debate—, que habilita a cada provincia a designar la autoridad de aplicación, excepto en áreas alcanzadas por la ley 22.351 de Parques Nacionales. Ese organismo provincial deberá identificar, con base en criterios técnico-científicos, los glaciares y ambientes periglaciares ubicados en su territorio que cumplan funciones hídricas, ya sea como reservas estratégicas de agua o como fuentes de recarga de cuencas hidrográficas.
Quienes defendieron la reforma subrayaron que los recursos naturales pertenecen a las provincias y minimizaron eventuales conflictos futuros. El debate se dio en un contexto en el que el Gobierno de Javier Milei buscó, junto a gobernadores, atraer inversiones millonarias para dinamizar la economía, un proceso que reconocieron como prolongado y complejo.
Desde sectores ambientalistas y parte de la oposición cuestionaron que la norma otorgue a los gobernadores mayor margen de decisión ante el interés de empresas privadas, por encima del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA). Además, advirtieron que algunos artículos podrían entrar en tensión con compromisos asumidos en el acuerdo Mercosur-Unión Europea, aprobado previamente por el Senado.
Debate
La apertura del debate estuvo a cargo de la chubutense Edith Terenzi, presidenta de la comisión de Ambiente. En su exposición inicial se centró en el trámite parlamentario y en la rapidez con la que se emitió el dictamen en diciembre pasado, sin profundizar en el contenido. Más adelante retomó la palabra en los cierres para marcar su oposición. Luego intervino Agustín Coto (LLA-Tierra del Fuego).
Según trascendió, el oficialismo intentó que la miembro informante fuera la exsecretaria de Energía Flavia Royón, especialista en la materia, pero la salteña rechazó ese rol. Finalmente, las principales exposiciones estuvieron a cargo de Terenzi y Coto.
“El objetivo es preservar las reservas hídricas permanentes”, sostuvo Coto, quien explicó que la intención es armonizar la legislación con la Constitución y con fallos de la Corte Suprema. Aclaró que el texto no busca eliminar glaciares del inventario del IANIGLA, sino también incorporar nuevas áreas. “Todo sigue protegido”, afirmó.
Desde el peronismo, el pampeano Pablo Bensusán cuestionó que el oficialismo introdujera modificaciones recién por la tarde. “No explicó nada de los cambios que quieren introducir”, lanzó, y advirtió que la reforma fragmentaría los criterios de conservación. “Habrá 12 provincias y 12 criterios distintos. Hasta ahora el sistema era integral, bajo el IANIGLA”, señaló, al tiempo que calificó la propuesta de “anticientífica e irresponsable”.
Para respaldar la postura oficialista intervino el sanjuanino Bruno Olivera Lucero, quien sostuvo que la Nación debe fijar presupuestos mínimos, pero no anular el federalismo. “Se devuelve a las provincias el dominio originario de sus recursos”, afirmó, y rechazó que exista una contradicción entre agua y minería. Según dijo, la ley vigente generó ambigüedades jurídicas.
Olivera Lucero también cuestionó la metodología del IANIGLA, al señalar que se apoya en imágenes satelitales y no en estudios de campo, y planteó que la Argentina es el único país que convirtió el ambiente periglacial en categoría jurídica.
El radical bonaerense Maximiliano Abad votó en contra y aseguró que la iniciativa no resuelve los problemas, sino que crea otros nuevos. Alertó sobre un eventual debilitamiento del IANIGLA y sostuvo que se invierte la jerarquía normativa al delegar en provincias la potestad de excluir glaciares del inventario. Además, advirtió que la norma podría ser objeto de planteos de inconstitucionalidad y generar inseguridad jurídica para inversores.
En una línea similar se expresó la peronista cordobesa Alejandra Vigo, mientras que el correntino Carlos Espínola votó a favor.
Cierres
En el tramo final, el santacruceño José María Carambia cuestionó la uniformidad de regalías mineras, al considerar que no es comparable la explotación de oro, litio o cobre. Por su parte, la misionera Sonia Rojas Decut defendió la autonomía provincial y acompañó el proyecto junto a su colega Carlos Arce.
Con un enfoque técnico, Flavia Royón sostuvo que la intención no es prohibir indiscriminadamente, sino proteger lo que corresponde mediante estudios de campo realizados por las provincias. Aseguró que el proyecto no implica flexibilización ambiental y pidió responsabilidad en las declaraciones. También aportó datos sobre el uso del agua en San Juan: el 94% se destina al agro, 4% al consumo humano y 1,2% a la industria en general.
Guillermo Andrada, ya fuera del interbloque cristinista, consideró que la minería enfrenta prejuicios y afirmó que se busca una norma más precisa y federal, que proteja los glaciares sin ser una “etiqueta estática”.
El radical catamarqueño Flavio Fama sostuvo que la ley vigente se volvió rígida y generó incertidumbre por la judicialización de proyectos, lo que derivó en paralización de inversiones.
Desde el kirchnerismo, la mendocina Anabel Fernández Sagasti cerró su postura en contra y calificó la discusión como clave para el futuro del país. Advirtió que habilitar la explotación de un glaciar implicaría su desaparición durante cientos de años y cuestionó que la reforma cambie un paradigma científico por uno “abierto”, con mayor litigiosidad.
El último discurso fue el de Patricia Bullrich, quien rechazó la idea de que el país deba elegir entre ambiente y desarrollo. “No es agua o trabajo”, afirmó, y sostuvo que la Argentina no puede resignarse a la pobreza bajo una lógica que enfrente economía y protección ambiental.
Con la media sanción del Senado, el proyecto quedó ahora en manos de Diputados, donde se definirá su destino final.
