La Justicia de Santa Fe imputó a seis docentes en el marco de la causa por maltratos a niños en un jardín maternal, un episodio que generó conmoción luego de que se viralizaran imágenes donde se observaban agresiones contra bebés y pequeños. A pesar de la gravedad de las acusaciones, las mujeres continuaban en libertad.
El 13 de enero, la Municipalidad de Villa Constitución —ciudad donde sucedieron los hechos— resolvió clausurar el jardín de infantes “Manitos a la Obra”. En ese lugar, madres y padres de alumnos entregaron registros audiovisuales en los que se advertían escenas de maltrato verbal, sacudones y burlas dirigidas a los menores.
Durante este viernes se desarrolló la audiencia imputativa, que finalizó con la acusación formal a seis docentes por el delito de “lesiones leves dolosas”, aunque con distintos niveles de responsabilidad.
Según consignaron medios de la zona, entre las señaladas —tres corresponsables y tres auxiliares— se encontraban P.D., M.F., M.C., V.M., L.R. y A.P. El juez de Primera Instancia Eugenio Romanini avaló el planteo de la fiscalía y determinó que las imputadas siguieran el proceso en libertad al considerar que no obstaculizarían la investigación.
En ese contexto, deberán cumplir una serie de pautas de conducta por un plazo de 90 días: fijar domicilio, presentar una fianza real o personal, no abandonar el país, firmar cada dos semanas en la Oficina de Gestión Judicial y abstenerse de cualquier contacto —por cualquier vía— con las víctimas y sus familias. También se estableció una restricción de acercamiento de 200 metros respecto de los damnificados.
El fiscal Ramiro Martínez, a cargo de la causa, sostuvo en la audiencia que se contabilizaron nueve episodios de maltrato ocurridos entre abril y diciembre del año pasado. P.D., M.F., M.C. —docentes corresponsables— y V.M., auxiliar, fueron acusadas de ejercer violencia física y psicológica contra nueve víctimas.
En tanto, L.R. y A.P., también auxiliares, enfrentaron cargos por haber presenciado las situaciones de violencia sin impedirlas ni denunciarlas. “Los hechos sucedieron en un ámbito donde los niños se encontraban bajo cuidado institucional, siendo que este espacio debía garantizar la protección, contención y resguardo integral”, se remarcó durante la exposición judicial.
