Un video que mostró a un niño en una situación de extremo peligro dentro de un edificio abandonado en la ciudad de Córdoba terminó desencadenando un importante operativo que culminó con el desalojo de unas 20 personas que ocupaban ilegalmente el lugar.
Las imágenes registraron a un menor jugando al borde de un precipicio mientras, en otra escena, se veía a una mujer arrojando piedras desde el mismo edificio ubicado sobre Boulevard San Juan, en la esquina con San José de Calasanz. La grabación fue realizada durante la mañana del martes y rápidamente comenzó a circular en redes sociales.
La viralización del material generó la intervención de las autoridades en el edificio conocido como “La Mole”, ubicado en el barrio Observatorio. Allí se desplegó un amplio procedimiento que contó con la participación de efectivos de la Policía de Córdoba, personal de distintas áreas de la Municipalidad y miembros de la Policía Judicial.
El operativo se llevó a cabo durante la tarde del martes y tuvo como objetivo desalojar a las personas que residían de forma irregular en el inmueble. La presencia de un menor a unos ocho pisos de altura, sin ningún tipo de protección, fue el factor que aceleró la intervención de los organismos de seguridad y control.
El edificio ya había sido señalado por vecinos de la zona, quienes habían denunciado situaciones peligrosas y episodios de inseguridad relacionados con la presencia de personas en situación de calle y ocupantes ilegales.
Durante el procedimiento, los agentes identificaron a 19 personas en el interior del lugar. Además, se secuestraron ocho perros que fueron trasladados al Predio de Sanidad Animal de la Municipalidad de Córdoba, ubicado en Bouwer. Según informaron desde la Dirección de Fauna Doméstica del ente BioCórdoba, los animales recibirán atención veterinaria y cuidados en ese centro.
En paralelo, las autoridades activaron el protocolo de salud mental para tres mujeres de 44, 45 y 71 años. También intervino la Secretaría de Desarrollo Social municipal, que brindó asistencia a otros ocupantes desalojados que atravesaban situaciones de vulnerabilidad.
Un informe elaborado por técnicos judiciales determinó que el edificio carece de las condiciones mínimas de habitabilidad. La Fiscalía de Distrito 1 Turno 5, a cargo de la fiscal Celeste Blasco, tomó intervención en el caso y dispuso las medidas correspondientes.
Desde la Justicia señalaron que el inmueble presentaba “una grave falta de higiene y mantenimiento general”, con acumulación de suciedad, residuos y signos evidentes de abandono.
El informe también advirtió la inexistencia de instalaciones sanitarias y la ausencia de servicios básicos de saneamiento, así como la falta de instalaciones para el suministro de agua. Según los técnicos, estas carencias impiden garantizar condiciones mínimas de salubridad, higiene y funcionamiento normal para cualquier espacio habitable.
En su conclusión, los especialistas señalaron que el edificio no es apto para ser habitado y que representa un riesgo concreto para la integridad y la salud de quienes permanecen en su interior.
El operativo se desarrolló en medio de momentos de tensión. Hacia las 10:15 del miércoles, algunos de los ocupantes intentaron manifestarse en la vía pública y buscaron cortar parte de la calzada de Boulevard San Juan, además de amenazar con prender fuego neumáticos.
La situación fue controlada por la Policía de Córdoba, que evitó que el piquete avanzara.
Tras una serie de negociaciones, las personas desalojadas comenzaron a ingresar al edificio en pequeños grupos para retirar sus pertenencias. Entre ellas se encontraba una mujer embarazada.
Durante el procedimiento también se hizo presente el ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros. El funcionario explicó que la Justicia realizaba una inspección ocular para completar el operativo y permitir la salida ordenada de quienes aún permanecían en el lugar.
Quinteros señaló: “La Justicia está haciendo una inspección ocular para sacar las pertenencias de los okupas. Esperamos la orden de la fiscal Blasco para desalojar a los que quedan. No podemos permitir que este lugar sea habitado por menores ni que sea un refugio para delincuentes”.
Mientras tanto, el Gobierno provincial resolvió avanzar con la construcción de un muro de material alrededor del edificio abandonado con el objetivo de impedir nuevos ingresos. La obra comenzó a ejecutarse el mismo miércoles, en paralelo con el retiro de los ocupantes y sus pertenencias.
La investigación judicial continúa en marcha y el inmueble permanece bajo custodia. Las autoridades buscan cerrar definitivamente el acceso al lugar para evitar futuras ocupaciones y garantizar que no vuelva a utilizarse como vivienda improvisada.
