Tres personas fueron procesadas con prisión preventiva este viernes por estar acusadas de explotar laboralmente a un hombre de 84 años en una vivienda ubicada en el barrio porteño de Mataderos.
La investigación, impulsada por el fiscal Eduardo Taiano, permitió acreditar que la víctima era obligada a trabajar en condiciones extremadamente precarias de higiene, salubridad y habitabilidad. Además, los acusados lo habrían forzado a pedir dinero en una esquina de la Ciudad de Buenos Aires y se encargaban de administrar la jubilación que percibía, de acuerdo con la información difundida por el portal Fiscales.
El juez Julián Ercolini, a cargo del Juzgado Criminal y Correccional Federal N.º 12, consideró que una pareja integrada por un hombre de 65 años y una mujer de 63, junto con un tercer implicado de 65 años, incurrieron en el delito de trata de personas agravada. Según la resolución, se aprovecharon de la situación de vulnerabilidad de la víctima, quien además supera los 70 años de edad. La acusación también se agravó por la participación de tres o más personas y porque la explotación llegó a consumarse.
Junto con los procesamientos, el magistrado ordenó un embargo de 20 millones de pesos sobre cada uno de los imputados y dispuso además el embargo preventivo de la vivienda donde residían tanto el anciano como los acusados.
De acuerdo con la causa, el damnificado permaneció en ese inmueble entre el 17 de marzo y el 18 de mayo de 2026. Durante ese período, los imputados habrían sacado provecho de su extrema vulnerabilidad y de su delicada situación económica.
Para reconstruir los hechos resultaron fundamentales las declaraciones de vecinos, las tareas encubiertas realizadas por el Departamento Trata de Personas de la Policía Federal Argentina, las observaciones efectuadas en la vía pública, un video incorporado al expediente que muestra el estado en el que la víctima era enviada a pedir dinero, los resultados del allanamiento y el informe elaborado por la Coordinación Nacional de Rescate.
Asimismo, se comprobó que el jubilado desconocía el monto exacto de la jubilación que cobraba y tampoco sabía cuáles eran los descuentos que se le realizaban. Para el juez Ercolini, esta situación constituye un “indicador concreto de control sobre aspectos esenciales de su vida personal, sanitaria y patrimonial”, tal como quedó reflejado en la resolución judicial.
