El director de una clínica de fecundación de la provincia de Córdoba, un abogado y una empleada administrativa fueron procesados en una causa que investiga la presunta comisión del delito de trata de personas dentro de una institución relacionada con la subrogación de vientre.
La Justicia Federal procesó en las últimas horas a José Pérez Alzaa, director de la Clínica Fecundart; a la administrativa Paula Liendo; y al abogado Nicolás Gigena. En una resolución de más de 200 páginas, el fallo remarcó: “Si bien no toda maternidad subrogada es delictiva, esta se convierte en trata cuando el acuerdo está mediado por la explotación, el abuso de poder y la desprotección absoluta de la gestante”.
La investigación se centra en supuestas maniobras vinculadas con la “gestación por sustitución”, también conocida como maternidad subrogada.
“ La instrumentalización del cuerpo reproductivo de mujeres vulnerables con finalidad de lucro, mediando aprovechamiento deliberado de su situación de vulnerabilidad, constituye una modalidad de servidumbre”, sostuvo el juez federal N°2 de Córdoba, Alejandro Sánchez Freytes.
El magistrado señaló, que Alzaa “bajo el ropaje de una fundación sin fines de lucro, captó a mujeres vulnerables —desocupadas y con hijos a cargo— utilizando la base de datos de donantes de óvulos de su propia clínica”.
A su vez, la resolución destaca que el acusado habría realizado “transferencias embrionarias sin autorización judicial previa”, lo que fue interpretado como una maniobra destinada a evitar controles sobre la libertad del consentimiento.
En el escrito judicial también se informó el sobreseimiento de otros acusados por falta de mérito.
La causa se inició meses atrás tras una denuncia anónima realizada a la Línea 145. A partir de esa presentación, los investigadores avanzaron con distintas medidas y recolectaron declaraciones consideradas clave para el expediente.
