El Gobierno confirmó que los afiliados a las empresas de medicina prepaga podrán utilizar los excedentes de sus aportes para pagar cuotas más bajas. La medida implicará dar de baja un artículo incluido en la resolución 2400/2023, firmada en los últimos días de la gestión de Alberto Fernández, que había establecido que esos fondos pertenecían a las compañías y no a los usuarios.
“Este dinero debe transformarse en un descuento directo para los afiliados”, señalaron las autoridades al anunciar el cambio. La decisión fue comunicada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, quien explicó que la Superintendencia de Servicios de Salud avanzará en los próximos días con la anulación de la normativa cuestionada.
El artículo en cuestión había modificado el decreto 576 de 1993, que dio origen al sistema de obras sociales y medicina prepaga. Hasta entonces, los aportes eran considerados propiedad de los trabajadores, pero con la resolución de 2023 pasaron a quedar bajo control de las empresas. “Se trató de un cambio de propiedad que fue central, una verdadera aberración”, remarcaron fuentes oficiales.
Según el ejemplo que citan en el Ejecutivo, si un afiliado tiene aportes y contribuciones por $100 y su plan cuesta $80, los $20 restantes deberían computarse a su favor. Sin embargo, hasta ahora esa diferencia quedaba en poder de la prepaga.
Adorni sostuvo que la inclusión del artículo fue “un favor a las empresas a cambio de congelar las cuotas en plena campaña electoral de 2023” y aseguró que, en adelante, “los excedentes serán de los trabajadores, no de las prepagas”.
De acuerdo con estimaciones oficiales, unos 1,8 millones de empleados en relación de dependencia fueron los principales perjudicados, ya que durante casi dos años se les retuvo de manera indebida una suma que rondaría los $180.000 millones.
Otro de los cambios previstos es que las prepagas deberán detallar en cada factura el monto exacto de los subsidios automáticos que recibe cada usuario, con el objetivo de transparentar que esos recursos corresponden a los afiliados.
La resolución de 2023 también había generado reclamos por parte de trabajadores que veían cómo sus aportes excedentes quedaban inmovilizados, sin posibilidad de usarlos como crédito, y terminaban fortaleciendo las arcas de las compañías.
Las empresas, por su parte, defendían la medida señalando que se trataba de un mecanismo propio de un “sistema solidario”.
En paralelo, el sector de la medicina privada atraviesa un escenario de desregulación parcial tras la devaluación de diciembre de 2023. Actualmente, las cuotas se ajustan con aumentos mensuales que siguen la inflación —aunque con acuerdos con el Gobierno— y existe la alternativa de contratar directamente una prepaga sin pasar por la intermediación de las obras sociales sindicales.
La cláusula 12 de la Resolución 2400/2023 fue el punto más controvertido. Allí se establecía que los aportes y contribuciones de los trabajadores, aun cuando superaran el valor de la cuota, quedaban en poder de las prepagas. Además, no podían devolverse ni usarse como crédito a favor del usuario, salvo que este decidiera cambiar de plan dentro de la misma empresa y permanecer en él al menos durante un año.
El esquema también implicaba que, si un afiliado cambiaba de obra social, de prepaga o daba de baja el contrato, los fondos acumulados quedaban en poder de la entidad receptora. En los hechos, los aportes excedentes nunca volvían a los trabajadores.
Con la nueva decisión, el Gobierno busca revertir esa situación y garantizar que cada peso derivado en concepto de aportes y contribuciones redunde en beneficio de los afiliados, impactando directamente en el valor de sus cuotas mensuales.
