La actriz Andrea del Boca enfrenta un pedido de tres años y medio de prisión en el marco de la causa por el supuesto fraude millonario vinculado al financiamiento estatal de la telenovela Mamá Corazón, una producción que nunca llegó a emitirse.
La fiscal federal Fabiana León formuló el requerimiento durante el juicio oral que se desarrolla ante el Tribunal Oral Federal N° 7. La acusó de ser “partícipe necesaria” de una maniobra de defraudación contra la administración pública.
El alegato de la fiscal también alcanzó al exministro de Planificación, Julio De Vido, para quien solicitó cuatro años y medio de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. En tanto, pidió cuatro años de prisión para el exrector de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), Carlos Ruta, a quien señaló como “partícipe necesario” del fraude.
La acusación incluyó además al secretario de la UNSAM, Maximiliano Schwerdtfeger, y a los exfuncionarios kirchneristas Luis Vitullo, Alberto García y Nahuel Billoni Ahumada. Para todos ellos se reclamaron penas de prisión y la restitución solidaria al Estado de 3.126.000 dólares.
Los argumentos de la defensa
Tras conocerse el alegato, el abogado de Del Boca, Juan Pablo Fioribello, afirmó que “es un juicio absolutamente esperado, porque es el único ámbito donde se puede demostrar que no hay ningún elemento de prueba en contra”. Según el letrado, “la totalidad de los testigos declararon en favor de la señora Del Boca y todos coincidieron en que la novela se hizo, que el producto se realizó y que no se trató de una ficción fantasma”.
El defensor agregó que existe una pericia de la Corte Suprema donde peritos oficiales “no detectaron irregularidades ni desvío de fondos”. Explicó que la actriz cumplió con la totalidad de su contrato: “El problema fue que la obra no se exhibió porque Del Boca había sido contratada para producir el contenido, no para garantizar su emisión”.
El trasfondo de la investigación
La causa se centra en un esquema de financiamiento presuntamente irregular a través de la UNSAM para la producción de Mamá Corazón. Según la acusación, se trató de una triangulación sin concurso ni compulsa de precios que otorgó a la productora de Del Boca millonarios fondos públicos y la exclusividad de comercialización en el extranjero.
La fiscal señaló que el contrato violó las normativas vigentes y benefició directamente a la empresa A+A Group, de la actriz, con condiciones “arbitrarias y leoninas” que le concedían la distribución internacional por 60 meses, prorrogables por otros 60, a pesar de haber sido financiada íntegramente con recursos estatales.
El caso salió a la luz en 2016 a partir de una investigación periodística que reveló que la productora de Del Boca habría recibido más de 24 millones de pesos mediante convenios firmados entre De Vido y la UNSAM. En 2018, el juez federal Sebastián Ramos procesó a De Vido como “autor” de defraudación y a Del Boca y Ruta como “partícipes necesarios”. También dictó embargos millonarios: 60 millones de pesos para el exministro, 50 millones para la actriz y otros 60 millones para el exrector.
El magistrado sostuvo que la maniobra estuvo “planificada y direccionada desde el inicio hacia la contratación de la productora de Andrea del Boca”, respondiendo a una decisión de carácter político.
Aunque Mamá Corazón nunca se emitió, la productora habría cobrado el 76% del contrato, frente al 7% que recibieron otras producciones bajo convenios similares. En total, el presupuesto ascendía a 36,58 millones de pesos, con un 10% adicional de ganancia para la productora y la exclusividad de distribución internacional.
El contrato fue suspendido tras el cambio de gobierno en 2015, cuando la gestión de Mauricio Macri frenó el financiamiento. Posteriormente, la Cámara Federal confirmó los procesamientos y embargos, al remarcar que lo cuestionable no fue el convenio con la UNSAM en sí, sino su “desnaturalización para evadir controles y facilitar el desvío de fondos públicos”.
Desde el inicio de la investigación, la defensa de la actriz negó irregularidades y sostuvo que no hubo perjuicio económico. Ahora será el Tribunal Oral Federal N° 7 quien dicte la sentencia definitiva.
