Diez agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense fueron apartados de manera preventiva de sus funciones en el marco de una investigación por graves denuncias que incluyen torturas, tormentos físicos y abusos sexuales contra mujeres detenidas en el Penal N° 51 de Magdalena.
La medida fue ordenada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires y alcanza tanto a la conducción del establecimiento como a personal operativo. Entre los funcionarios señalados se encuentra la responsable del área de Asistencia y Tratamiento del penal de mujeres, Daiana Belén Balmaceda, además de la cúpula directiva, acusada de haber consentido o no haber denunciado los hechos.
También fueron alcanzados por la decisión los integrantes masculinos del Grupo de Intervención ante Emergencias (GIE), quienes habrían participado del operativo que dio origen a las denuncias judiciales impulsadas por organismos de derechos humanos.
Los episodios investigados se habrían producido entre la noche del 3 de junio y la madrugada del día siguiente, en un contexto vinculado a las movilizaciones por “Ni Una Menos”, según consta en la causa.
De acuerdo con la presentación realizada por la Comisión Provincial por la Memoria ante la UFI N° 11 de La Plata, el personal penitenciario habría ingresado a uno de los pabellones tras un conflicto menor entre internas. En ese contexto, se habría utilizado gas pimienta en espacios cerrados y se habrían bloqueado las salidas de las detenidas.
La denuncia sostiene además que las mujeres habrían sido obligadas a desnudarse frente a agentes masculinos y que, ante la resistencia, se habrían aplicado métodos de extrema violencia física. Entre ellos, se mencionan inmersiones forzadas de la cabeza en recipientes con agua, golpes reiterados y otros episodios de severidad extrema.
El escrito judicial también incluye acusaciones por abusos sexuales con acceso carnal en el sector de la escuela del penal, hechos que forman parte de la investigación en curso.
Asimismo, la Comisión Provincial por la Memoria advirtió sobre posibles maniobras de encubrimiento posteriores, como el traslado de tres de las denunciantes a otras unidades penitenciarias y la presunta destrucción de pertenencias personales.
En paralelo, la auditoría de Asuntos Internos del Ministerio mantiene abiertos los sumarios administrativos, mientras el fiscal Álvaro Garganta avanza con peritajes médicos que buscan corroborar la gravedad de los hechos denunciados.
