El Senado de la Nación ratificó este jueves la ley de emergencia en materia de discapacidad, que introduce modificaciones claves en el sistema de prestaciones y en el régimen de pensiones. La iniciativa, que tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de 2026, dispone un mecanismo de actualización de pagos y un refuerzo para el sector de la salud.
Entre los puntos centrales, se determinó que la norma tendrá carácter de orden público y regirá en todo el país. Además, se implementará una actualización de las prestaciones para compensar la pérdida frente a la inflación acumulada desde 2023, y se cancelarán las deudas con prestadores de servicios.
La ley también establece que los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas deberán actualizarse mensualmente, de acuerdo con los índices de inflación informados por el INDEC. En paralelo, las pensiones no contributivas por discapacidad pasarán a ser equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio.
Otra novedad es que quienes perciban este beneficio podrán trabajar, siempre que su ingreso no supere el equivalente a dos salarios mínimos. El Poder Ejecutivo Nacional, por su parte, deberá financiar con fondos del Tesoro una compensación de emergencia destinada a los prestadores.
Según cálculos de la Oficina de Presupuesto del Congreso, el incremento en las pensiones significará un impacto fiscal de entre $1,8 billones y $3,6 billones, dependiendo del número de nuevos beneficiarios. El organismo proyectó que podrían sumarse entre 493 mil y 946 mil personas, según distintos escenarios.
En cuanto a la gestión de las pensiones, la Agencia Nacional de Discapacidad llevará adelante una auditoría para evaluar de manera justa y transparente la situación de los beneficiarios. El procedimiento deberá garantizar notificaciones fehacientes, el acceso a la información y un debido proceso inclusivo.
La normativa también incluye un incentivo para la contratación laboral: los empleadores que incorporen a trabajadores con certificado de discapacidad por tiempo indeterminado estarán eximidos, durante tres años, del pago del 50% de las contribuciones patronales y a las cajas de jubilaciones.
