La Corte Suprema ordenó avanzar con la pesquisa contra el exjuez Luis Zelaya, acusado por un policía que pasó trece años preso como supuesto partícipe en el secuestro de Mauricio Macri, ocurrido en agosto de 1991. El exsuboficial Juan Carlos Bayarri denunció haber sido víctima de torturas para que confesara y señaló a Zelaya por haber sobreseído a los agentes responsables de esos tormentos.
Con las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal hizo suyos los argumentos de la Procuración General de la Nación, que había criticado duramente el fallo de la Cámara Federal de Casación Penal por haber realizado, “una vez más”, una “parcial valoración de la prueba” contra Zelaya.
Según la denuncia, Bayarri pasó trece años en prisión, mientras que su padre también fue detenido y torturado. El caso llegó hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que reconoció las pruebas presentadas y allanó el camino a su liberación tras más de una década encarcelado.
La intervención de la Corte en este expediente tiene antecedentes. En 2014, ya había ordenado dictar una nueva sentencia sobre Zelaya, que había sido sobreseído en instancias previas. Sin embargo, la Cámara de Casación rechazó nuevamente los planteos de la fiscalía y ratificó el sobreseimiento.
Esa postura fue revertida ahora, con el respaldo al dictamen del Procurador General Eduardo Casal. En su presentación, Casal sostuvo que el fallo de Casación desvirtuó “las declaraciones de funcionarios y empleados del juzgado a cargo de Zelaya, que dijeron que este admitió que los imputados golpearon duramente al querellante y que se negaba a dictar sus procesamientos debido a la repercusión que tal decisión podría tener en otra causa federal vinculada al secuestro”.
El secuestro de Mauricio Macri, entonces heredero de una de las principales fortunas del país, ocurrió el 25 de agosto de 1991, cuando llegaba a su domicilio en Barrio Parque, en la Ciudad de Buenos Aires. Estuvo cautivo durante doce días en el sótano de un local en la avenida Juan de Garay 2882, en Boedo, hasta que fue liberado ileso. Por este hecho, el juez Rodolfo Canicoba Corral condenó a la llamada “banda de los comisarios”, que había perpetrado otros secuestros extorsivos contra empresarios. Entre los condenados estuvo Bayarri, quien años más tarde denunció que su confesión había sido obtenida bajo tortura.
Las acusaciones de Bayarri también alcanzaron a Carlos Sablich, comisario inspector y jefe de la división Defraudaciones y Estafas de la Policía Federal, uno de los responsables de la liberación de Macri. En 2014, Sablich fue condenado a 16 años de prisión por el Tribunal Oral N°19, junto a su superior Carlos Gutiérrez.
Pese a estas condenas, Bayarri insistió en que Zelaya protegió a los policías que lo torturaron. Aunque el exjuez fue sobreseído, el caso llegó a la Corte Suprema, que en 2014 ordenó un nuevo pronunciamiento. La Cámara de Casación volvió a ratificar el sobreseimiento, pero el fiscal Casal se pronunció en contra de esa decisión y ahora el máximo tribunal respaldó su criterio, reabriendo así un expediente que acumula más de tres décadas de controversias.
