El ex procurador general de Jujuy, Sergio Enrique Lello Sánchez, fue imputado por la presunta comisión de 20 hechos de peculado, en el marco de una investigación que analiza el uso indebido de recursos del Ministerio Público de Acusación (MPA).
La imputación fue formulada por la fiscal Daiana Alejandra Serrano Antar, quien lo acusó de peculado de servicio por un supuesto uso personal de bienes y recursos pertenecientes al MPA con fines de beneficio propio y de integrantes de su familia.
Durante una audiencia realizada en las últimas horas, la representante del Ministerio Público explicó que Lello Sánchez, quien ejerce su propia defensa, está acusado por la presunta comisión de veinte hechos de peculado en concurso real, ocurridos entre junio de 2021 y marzo de 2025.
La investigación no solo intenta determinar si el ex procurador obtuvo beneficios para su círculo familiar, sino también establecer si existió alguna posible vinculación con el armado de causas judiciales.
Cabe recordar que en octubre de 2025 Lello Sánchez presentó su renuncia al cargo de procurador general de Jujuy, luego de que la Legislatura provincial dispusiera su suspensión y promoviera un juicio político tras el inicio de la investigación por presuntas irregularidades durante su gestión al frente del Ministerio Público de Acusación.
Uno de los aspectos destacados del expediente es que la causa se originó a partir de denuncias realizadas por varios ex fiscales de la provincia. Los denunciantes aseguraron haber sido desplazados y sufrir situaciones de hostigamiento por parte de la conducción del organismo.
En el avance de la investigación también se llevó adelante un allanamiento en la sede central del Ministerio Público de Acusación, donde fueron secuestrados dispositivos electrónicos, teléfonos celulares corporativos, registros administrativos, legajos y distintos equipos informáticos que serán analizados como parte de la causa.
De acuerdo con la acusación, el delito de peculado prevé penas que van de 2 a 10 años de prisión, además de la inhabilitación absoluta y perpetua para ejercer cargos públicos. No obstante, esa escala penal podría aumentar si la Justicia confirma la existencia de un concurso real por hechos independientes.
